Algunos analistas, cronistas y expertos afirman que el origen de esta llamada crisis del 2008 fue un descuido financiero de la voracidad capitalista y del ansia especulativa, que una vez desencadenada ha permitido, en algunos paises como España, aprovecharla para establecer distancia entre clases sociales, eliminando derechos y conquistas sociales.
Y lo que parece cierto es que, en España, esta crisis se está rentabilizando no sólo por acatar el paradigma de los neoliberales conservadores del Consenso de Washington (integrados en la Escuela de Chicago), los mismos que ya en 1989 diseñaron, entre otros, una futura privatización de los servicios sanitarios, sino que aquí, en nuestro país, esta situación está siendo aprovechada por los auténticos herederos del espíritu patrio, los neofranquistas.
Conviene recordar esto, ahora que estamos en vísperas de la entrada en vigor de una medida tan aberrante, injusta e inútil como es el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria.
Esta medida, que afecta a medicamentos pautados en régimen de ingreso hospitalario, y que por lo tanto, y a diferencia de en atención primaria o en consultas externas, no puede ser contravenida ni desestimada por el propio paciente en función de ningún criterio, es la penúltima "vuelta de tuerca" hacia la privatización de la sanidad. En alguna ocasión, y para justificar el copago aplicado en centros de salud, ésta gente llegaba a afirmar que ése copago era la única manera de controlar el mal uso y el abuso de medicamentos no siempre necesarios, y que aplicando este “rodillo" siempre se podría ahorrar en gasto farmacéutico, ya que, en función de la voluntad del paciente o de sus familias en último extremo, el interesado podría ser más coherente con el consumo de medicamentos y así no adquirir ese medicamento en la farmacia, si es que no era tan necesario y así lo decidían,...dejando, de paso, la decisión profesional de los médicos de cabecera o especialistas de ambulatorio a los pies de los caballos.
Con la medicación hospitalaria no ocurre lo mismo. El paciente que está ingresado en un hospital lo está por causas de salud sobradamente justificadas, y no posee autonomía para decidir si toma o no toma una medicación, pues la decisión última siempre depende del profesional médico prescriptor y del profesional que se lo administra, por lo que el ciudadano se encuentra en la diatriba de, ó tener que confiar en estos profesionales forzosamente y pagar la factura de farmacia correspondiente, o por el contrario pedirse el alta voluntaria, con lo que ello conllevaría para la evolución del proceso que le ha obligado a ingresar.
Las medidas de recortes en la sanidad pública no tienen otro objetivo que el empeorar y precarizar el sistema publico (aquello de "pisar la manguera") para que un buen número de pacientes, cansados de listas de espera eternas y de indecisiones o de demoras infinitas, acabe cayendo en las redes de la sanidad privada y se gaste sus ahorros, si aún los tiene, en consultas y hospitales privados.
Y la sanidad privada, respetable desde el punto de vista del ejercicio técnico y profesional médico, tiene otros objetivos diferentes del de perseguir la salud de los pacientes, y este objetivo, lógico en la dinámica de mercado, no es otro que la rentabilidad económica en favor de los dueños de estas aseguradoras o mutuas que para eso invierten sus excedentes y que, por cierto, no suelen ser profesionales sanitarios, sino empresarios de otros sectores, constructores, hosteleros, holdings, especuladores y, recientemente, “fondos de capital riesgo” de empresas multinacionales de la mafia especulativa internacional.
La empresa privada va a gestionar la enfermedad, no la prevención, y así se convierten en mutuas de asistencia pura, pero no de salud pública preventiva y mucho menos de promoción de la salud, porque en definitiva, mientras la sanidad pública apuesta por la salud, la privada le encuentra su rendimiento a la enfermedad. ¿No encuentran ustedes la diferencia?
El copago siempre va a instalar la desigualdad ante la enfermedad, y va determinar diferentes posibilidades de abordaje y curación de la enfermedad según el poder adquisitivo de los enfermos.
Las huestes privatizadoras insisten en que nada cambiará, y que, en definitiva, la privatización se aplica a la gestión y no a la prestación ni a la provisión de la asistencia, pero es que, si la gestión de la sanidad es privada, al gestor de turno le controlará su empresa privada, pero no la administración, y huelga repetir que los criterios de asignación de recursos son muy diferentes si lo que buscas es la cobertura universal y equitativa para toda la población ó, por el contrario, lo que buscamos es la rentabilidad de la inversión privada realizada.
La empresa privada, si arriesga su capital invertido es para obtener un beneficio; ese beneficio saldrá de los presupuestos públicos, y la clave para obtenerlo se establecerá en la medida en que esa empresa sea capaz de ahorrar en recursos, y a costa de recortar prestaciones y plantillas de profesionales, en cualquier caso, en detrimento de la calidad de la oferta asistencial, como así se ha demostrado en experiencias similares ya ensayadas en otros países como es el caso del NHS británico, y así lo ha entendido el TSJ de la Comunidad de Madrid deteniendo por orden judicial el proceso de privatización de los hospitales públicos diseñado por el partido popular madrileño.
El beneficio que obtendrá la empresa privada saldrá de reducir las prestaciones de alguna manera, a no ser que se aumente el presupuesto, con lo que entonces no se vería el "ahorro prometido" ni la "sostenibilidad ansiada" por ninguna parte.
Si hasta hace unos años la sanidad pública no funcionaba como debía, que era lo que ya venía pasando, habrá que cambiar a los gestores, la estrategia, las priorizaciones y no pocos defectos estructurales y organizativos, etc...pero nunca privatizar nada.
No podemos olvidar que la sanidad pública es una conquista social que se ha ido ganando poco a poco desde hace décadas, y que su liquidación, derribo y posterior entrega a manos privada, no es una simple medida de ajuste económico sino un auténtico expolio del patrimonio social de las clases trabajadoras. Y es que en realidad, estamos ante un cambio ideológico y no de simple ahorro ni de sostenibilidad de un modelo sanitario En España, vuelven a ser las oligarquías caciquiles, infiltradas en empresas aparentemente honorables y en tendencias políticas disimuladamente moderadas, las que están volviendo a ganar la partida.
Sólo los buitres carroñeros y animales de rapiña son capaces de aprovecharse de los enfermos, moribundos y discapacitados físicos ó mentales, y la privatización de la sanidad busca el beneficio empresarial privado...con cargo a los presupuestos de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores...y a costa de los más vulnerables, los enfermos y ancianos.
La conclusión está sacada desde hace mucho tiempo...
Y es que es así de sencillo, ésto es un robo.
Y lo que parece cierto es que, en España, esta crisis se está rentabilizando no sólo por acatar el paradigma de los neoliberales conservadores del Consenso de Washington (integrados en la Escuela de Chicago), los mismos que ya en 1989 diseñaron, entre otros, una futura privatización de los servicios sanitarios, sino que aquí, en nuestro país, esta situación está siendo aprovechada por los auténticos herederos del espíritu patrio, los neofranquistas.
Conviene recordar esto, ahora que estamos en vísperas de la entrada en vigor de una medida tan aberrante, injusta e inútil como es el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria.
Esta medida, que afecta a medicamentos pautados en régimen de ingreso hospitalario, y que por lo tanto, y a diferencia de en atención primaria o en consultas externas, no puede ser contravenida ni desestimada por el propio paciente en función de ningún criterio, es la penúltima "vuelta de tuerca" hacia la privatización de la sanidad. En alguna ocasión, y para justificar el copago aplicado en centros de salud, ésta gente llegaba a afirmar que ése copago era la única manera de controlar el mal uso y el abuso de medicamentos no siempre necesarios, y que aplicando este “rodillo" siempre se podría ahorrar en gasto farmacéutico, ya que, en función de la voluntad del paciente o de sus familias en último extremo, el interesado podría ser más coherente con el consumo de medicamentos y así no adquirir ese medicamento en la farmacia, si es que no era tan necesario y así lo decidían,...dejando, de paso, la decisión profesional de los médicos de cabecera o especialistas de ambulatorio a los pies de los caballos.
Con la medicación hospitalaria no ocurre lo mismo. El paciente que está ingresado en un hospital lo está por causas de salud sobradamente justificadas, y no posee autonomía para decidir si toma o no toma una medicación, pues la decisión última siempre depende del profesional médico prescriptor y del profesional que se lo administra, por lo que el ciudadano se encuentra en la diatriba de, ó tener que confiar en estos profesionales forzosamente y pagar la factura de farmacia correspondiente, o por el contrario pedirse el alta voluntaria, con lo que ello conllevaría para la evolución del proceso que le ha obligado a ingresar.
Las medidas de recortes en la sanidad pública no tienen otro objetivo que el empeorar y precarizar el sistema publico (aquello de "pisar la manguera") para que un buen número de pacientes, cansados de listas de espera eternas y de indecisiones o de demoras infinitas, acabe cayendo en las redes de la sanidad privada y se gaste sus ahorros, si aún los tiene, en consultas y hospitales privados.
Y la sanidad privada, respetable desde el punto de vista del ejercicio técnico y profesional médico, tiene otros objetivos diferentes del de perseguir la salud de los pacientes, y este objetivo, lógico en la dinámica de mercado, no es otro que la rentabilidad económica en favor de los dueños de estas aseguradoras o mutuas que para eso invierten sus excedentes y que, por cierto, no suelen ser profesionales sanitarios, sino empresarios de otros sectores, constructores, hosteleros, holdings, especuladores y, recientemente, “fondos de capital riesgo” de empresas multinacionales de la mafia especulativa internacional.
La empresa privada va a gestionar la enfermedad, no la prevención, y así se convierten en mutuas de asistencia pura, pero no de salud pública preventiva y mucho menos de promoción de la salud, porque en definitiva, mientras la sanidad pública apuesta por la salud, la privada le encuentra su rendimiento a la enfermedad. ¿No encuentran ustedes la diferencia?
El copago siempre va a instalar la desigualdad ante la enfermedad, y va determinar diferentes posibilidades de abordaje y curación de la enfermedad según el poder adquisitivo de los enfermos.
Las huestes privatizadoras insisten en que nada cambiará, y que, en definitiva, la privatización se aplica a la gestión y no a la prestación ni a la provisión de la asistencia, pero es que, si la gestión de la sanidad es privada, al gestor de turno le controlará su empresa privada, pero no la administración, y huelga repetir que los criterios de asignación de recursos son muy diferentes si lo que buscas es la cobertura universal y equitativa para toda la población ó, por el contrario, lo que buscamos es la rentabilidad de la inversión privada realizada.
La empresa privada, si arriesga su capital invertido es para obtener un beneficio; ese beneficio saldrá de los presupuestos públicos, y la clave para obtenerlo se establecerá en la medida en que esa empresa sea capaz de ahorrar en recursos, y a costa de recortar prestaciones y plantillas de profesionales, en cualquier caso, en detrimento de la calidad de la oferta asistencial, como así se ha demostrado en experiencias similares ya ensayadas en otros países como es el caso del NHS británico, y así lo ha entendido el TSJ de la Comunidad de Madrid deteniendo por orden judicial el proceso de privatización de los hospitales públicos diseñado por el partido popular madrileño.
El beneficio que obtendrá la empresa privada saldrá de reducir las prestaciones de alguna manera, a no ser que se aumente el presupuesto, con lo que entonces no se vería el "ahorro prometido" ni la "sostenibilidad ansiada" por ninguna parte.
Si hasta hace unos años la sanidad pública no funcionaba como debía, que era lo que ya venía pasando, habrá que cambiar a los gestores, la estrategia, las priorizaciones y no pocos defectos estructurales y organizativos, etc...pero nunca privatizar nada.
No podemos olvidar que la sanidad pública es una conquista social que se ha ido ganando poco a poco desde hace décadas, y que su liquidación, derribo y posterior entrega a manos privada, no es una simple medida de ajuste económico sino un auténtico expolio del patrimonio social de las clases trabajadoras. Y es que en realidad, estamos ante un cambio ideológico y no de simple ahorro ni de sostenibilidad de un modelo sanitario En España, vuelven a ser las oligarquías caciquiles, infiltradas en empresas aparentemente honorables y en tendencias políticas disimuladamente moderadas, las que están volviendo a ganar la partida.
Sólo los buitres carroñeros y animales de rapiña son capaces de aprovecharse de los enfermos, moribundos y discapacitados físicos ó mentales, y la privatización de la sanidad busca el beneficio empresarial privado...con cargo a los presupuestos de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores...y a costa de los más vulnerables, los enfermos y ancianos.
La conclusión está sacada desde hace mucho tiempo...
Y es que es así de sencillo, ésto es un robo.
Un robo social, a escala nacional, y con luz y taquígrafos.
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