Para comprender a Hatí

     Por la relevancia de la cuestión, espero se me disculpe la osadía de reproducir íntegramente el artículo de nuestro amigo Vicenç Navarro en relación a nuestra querida Haití...Es fundamental su lectura para comprender a Haití.
   La imagen que se está presentando en los mayores medios de información occidentales de lo que está pasando en Haití es la de un país pobrísimo destrozado por desastres naturales al que el mundo occidental (liderado por el Gobierno de EEUU y por la Unión Europea) ha estado proveyendo ayuda humanitaria (es el país del mundo con mayor número de ONG por habitante) y facilitando, a la vez, el desarrollo de un sistema democrático.
   El problema con esta percepción es que es falsa y oculta una realidad distinta: la pobreza en Haití es consecuencia de la continua intervención de los países supuestamente humanitarios. Veamos los datos.
   La actuación del Gobierno federal de EEUU y la del Gobierno francés (que ha liderado la respuesta de la UE) en Haití ha sido enormemente intervencionista (antes, durante y después del terremoto), imponiendo su voluntad a la población de aquel país. El último acto de esta continua interferencia es la llegada de uno de los dictadores haitianos más sangrientos que hayan existido en América Latina: Baby Doc Duvalier. El Departamento de Estado de EEUU ha indicado que no tiene nada que ver con su retorno. Su portavoz, P. J. Crowley, ha indicado que “el retorno de Duvalier es una materia en la que deciden el Gobierno y el pueblo de Haití”. Es interesante resaltar que esta supuesta neutralidad no se aplica a la oposición expresada por el mismo portavoz ante la vuelta del dirigente altamente popular en Haití, Jean-Bertrand Aristide, sobre la cual subrayó que “Haití no necesita su vuelta, pues ya tiene demasiados problemas”. En realidad, la información obtenida por Wikileaks muestra que el Gobierno de Estados Unidos ha sido determinante en la vida política de Haití y que es impensable que el dictador Duvalier hubiera vuelto sin el apoyo del Gobierno estadounidense, como también lo es que el continuo veto sobre Aristide existiera sin su aprobación y su beneplácito.
   En un interesante ensayo, Mark Weisbrot, uno de los mejores analistas de la realidad Latinoamericana, detalla las continuas maniobras del Gobierno de EEUU para expulsar y mantener fuera de Haití al que fue elegido democráticamente presidente del Gobierno, Aristide. Según The Washington Post, “Aristide había abolido el odiado Ejército, terminando con las horribles violaciones de los derechos humanos, y permitió el desarrollo democrático de aquel país. Y cuando terminó su mandato, permitió la alternancia. Un récord formidable”. Esto fue escrito en 1996. Aristide continuó siendo la persona más popular de Haití y fue reelegido en el año 2000. Y entonces fue cuando hubo una movilización liderada por el Gobierno de Bush de EEUU y los gobiernos francés y canadiense para hacer fracasar al Gobierno de Aristide, apoyando y financiando un golpe militar (de los servicios de seguridad, infiltrados por la CIA) en febrero de 2004, con el que se expulsó a Aristide del país. Desde entonces no se le ha permitido volver. Los gobiernos de Haití han vetado su vuelta, los mismos que han aprobado, por cierto, el regreso de Duvalier.
   Ni que decir tiene que la motivación de los gobiernos estadounidense, francés y canadiense ha sido mantener en el poder a las elites dominantes que han malgobernado aquel país, condenándolo a una enorme pobreza, que se mostró en toda su crudeza durante el terremoto. A fin de legitimar esa estructura profundamente opresiva se convocaron unas elecciones en noviembre de 2010 que fueron una farsa (sólo participó el 25% del electorado) en la cual colaboró la Organización de Estados Americanos (OEA). En realidad, seis de los siete miembros de la comisión nombrada por la OEA para supervisar las elecciones son ciudadanos de EEUU, Francia y Canadá, los tres gobiernos que lideraron la decisión de derrocar por las armas al Gobierno de Duvalier. En tales elecciones no se permitió participar al partido de Aristide. La información proveída por Wikileaks muestra la movilización exitosa del Departamento de Estado de EEUU para presionar a Brasil y otros países miembros del cuerpo especial de Naciones Unidas para impedir la vuelta de Aristide a Haití, que continúa en su exilio en Suráfrica. Mientras, Baby Doc Duvalier ha vuelto a Haití. Las movilizaciones populares en Haití (silenciadas en los medios de mayor difusión), en las que se protestaba por la farsa de las elecciones, han forzado a la OEA a descalificar a su comisión electoral y han presionado al Gobierno de Haití para que, por fin, permita la vuelta de Aristide.
   Lo que ocurre en Haití es, por desgracia, enormemente previsible. Durante la Guerra Fría se presentaban estos conflictos como resultado de las tensiones derivadas del mundo en dos bloques, el llamado “democrático y libre”, liderado por EEUU, y el dictatorial, liderado por la Unión Soviética. La falsedad de tal interpretación del mundo queda claramente demostrada en lo que ocurre hoy en Haití. La Unión Soviética ha desaparecido y la política del Gobierno federal de EEUU no ha cambiado ni un centímetro en su intervencionismo a favor de las elites gobernantes, mostrando que el mayor problema no es el geopolítico de bloques, sino las alianzas de clases entre las elites dominantes de los países del Norte y del Sur en contra de los intereses de las clases dominadas del Sur y del Norte. La clase trabajadora de EEUU, en contra de lo que asumen algunas voces izquierdistas, no se beneficia ni un ápice de la explotación que se realiza en Haití. En realidad, las mismas fuerzas (lo que en EEUU se llama la Corporate Class) que influencian las políticas del Gobierno federal de EEUU en Haití son las mismas fuerzas que dominan la vida política de EEUU, limitando la democracia y la calidad de vida de las clases populares de ambos países

Rigoberta Menchu y las Farmacéuticas

       En 2005, el ex embajador de Estados Unidos John Hamilton presionó durante  su gestión  para que en Guatemala se vetara la Ley que hubiese facilitado el ingreso de genéricos a ese país, promovida por  Rigoberta Menchú, Premio Nobel  de la Paz.
      Información disponible en el portal de WikiLeaks, y que corresponde a marzo del 2005, habla de las presiones de EE. UU. al entonces presidente Óscar Berger, que del otro lado tenía a Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992 y promotora de los medicamentos "sin marca".
      La embajada de EEUU. hizo lo imposible para advertir a Guatemala que no debería actuar en favor de los genéricos, pero causó sorpresa que en noviembre de 2005 aparecieron en el Congreso el entonces ministro de Salud, Marco Tulio Sosa, y la propia Rigoberta Menchú, para impulsar una ley que eliminase las trabas de la protección de datos a los medicamentos, la cual fue aprobada.
Wikileaks indica que el embajador "urgió insistentemente" a Berger para que vetara la ley, presionándolo  con que Guatemala podía quedar fuera del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

     Al final pudo más EE.UU.,...Berger cedió, vetó la ley...y se logró que se reintrodujera la protección para los medicamentos de marca.

       Los medicamentos, en términos generales, cumplen una función importante en los sistemas de salud. No obstante, al lado de fármacos de probada utilidad, de aceptable seguridad y costo accesible, se encuentran en el mercado productos "con marca" que no cumplen estos criterios. “El problema no está en unos pocos medicamentos peligrosos promocionados por una o dos empresas farmacéuticas descarriadas, sino que es el resultado inevitable del modo en que se estructura y opera el mercado farmacéutico"
 

1. El conflicto de intereses que se presenta alrededor de los medicamentos como herramienta terapéutica, o bien de mercado, "ha dado lugar a que el sector farmacéutico se encuentre en una disyuntiva permanente entre cubrir una necesidad sanitaria real y asegurar una expansión constante del mercado"
 

2. La OMS por su lado expresa que "hay un conflicto de intereses intrínseco entre los objetivos legítimos del negocio de los fabricantes y las necesidades sociales, médicas y económicas de los proveedores y del público para seleccionar y usar los medicamentos de la manera más racional"
 

3. Tomando en cuenta estas consideraciones es como podemos explicarnos que productos intrínsicamente útiles pueden convertirse en problema cuando son mal indicados, y que productos nuevos, que no ofrecen ventajas terapéuticas ni mejores rangos de seguridad que los ya existentes, se pueden convertir en problema para los sistemas de salud e individuos de muchos países debido a sus altos costos.

          Frente a un mercado farmacéutico marcadamente voraz e irracional, ya vamos siendo muchas las personas, profesionales y organizaciones, que apoyamos las iniciativas gubernamentales orientadas a aplicar y fortalecer políticas farmacéuticas que configuren una oferta de medicamentos ajustadas a las necesidades de salud pública, así como el retiro de productos de probada peligrosidad y/o ineficacia, insistiendo en la prescripción de genéricos en la generalidad de las ocasiones, y todo ello asociado a la lucha por configurar un marco legislativo internacional en el que todos los países, con independencia de su poder económico, puedan tener acceso a los medicamentos básicos y esenciales a un costo asumible para ellos.
                                                                     (Fuente de Datos: WHO, AIS, Laporte, Chetley y alts.)

Lo social, o la salud de nuestros genes.

     El ministro de Sanidad canadiense Marc Lalonde (que por cierto no era profesional de la salud), fue quien en 1947 se hizo célebre por enunciar los cuatro factores determinantes de la salud, y entre los que mencionó de forma un tanto "revolucionaria" al entorno social y al medioambiente, ...englobando en ellos, y entre otros, al "medio psicosocial" (es decir, la violencia, el stress, la pobreza, la marginación, la exclusión social, las condiciones de trabajo,...)

    Décadas despues, y con la irrupción en la práctica científicomédica de  la bioquímica molecular y de la investigación genómica, se vuelve a reabrir un ilimitado horizonte de expectativas de naturalea biomédica (en este caso genética) sobre las hipotéticas explicaciones genéticas presentes en la mayoría de las enfermedades no infecciosas...llegándose a atribuir a la dotación genética de cada persona la tendencia (o casi seguridad) de llegar a padecer determinadas enfermedades.

    Por todo esto nos parece de gran relevancia las declaraciones realizadas por el catedrático de Salud Pública de la UAB, el profersor Miquel Porta, en las que desmitifica las conclusiones a las que se pueden llegar cuando se interpreta de forma simplista el trabajo sobre el genoma humano.

    El profesor Porta afirma que “La sencilla secuencia de los genes no es muy determinante para la salud”. En la gran mayoría de las patologías no existe ‘el gen’ de la enfermedad. Lo que cuenta es la regulación de los genes, la acción combinada de muchos de ellos, en interacción con el ambiente. “En el conjunto de los cánceres, la predisposición genética puede alcanzar el 2% o 3% de los casos: el resto depende de cómo vivimos”, añade Porta.

    El profesor Porta, reafirmando el enunciado de Lalonde en 1947, comenta que "los determinantes sociales de la salud tienen un impacto estadístico mucho mayor que los genéticos como causas de enfermedades. En otras palabras, mucho más que la herencia, cuentan condiciones como la renta, la educación, la contaminación de la comida y el aire y el tabaco. “La insistencia en las causas genéticas responde, a veces, al temor a lidiar con los factores sociales”.

   Este médico y la investigadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, Gemma Marfany, coinciden en la necesidad urgente de regular la genética directa al consumidor. Los dos llaman a la prudencia. “Se está exagerando el poder de predicción de estos análisis”, alerta la investigadora Marfany.
 

    “No es ético hacer promesas falsas por razones mercantiles: los test deben demostrar que son útiles para las personas”, añade Porta. El determinismo genético se traduce en una visión individualista de la salud, mientras que hay otros muchos aspectos que tener en cuenta: la información microscópica de los genes, pero también la individual, que se obtiene de la observación clínica, y la social que procede de los datos poblacionales.

   Ignoramos si todo esto no responde sino a esa "perversa" explicación de que, en realidad, resulta mucho más fácil echarle la culpa de alguna enfermedad a un gen, que a ese "agradable entorno" con que la sociedad capitalista, consumista y depredadora nos saluda cada mañana que nos levantamos...
 

     Y es que, como venimos defendiendo desde hace años, la salud de las personas debe ser el fín último, y nunca los análisis, los test, los medicamentos, la tecnología... y la seducción que todos ellos improntan en la sociedad y en los propios profesionales. Porque todo ello, a pesar de la ayuda y contribución que nos aporta, nunca podrá ser el fín a alcanzar sino exclusivamente un medio.

    Y así nos surge la pregunta del millón, políticamente incorrecta, de ...¿y en la investigación sobre salud...cuándo nos ocuparemos de "lo social"?

                                                                                          (Fuente datos: Periódico Diagonal)

El laboratorio farmacéutico Glaxo, como Pfizer, otro que tal baila...

     La multinacional farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) ha tenido que aprovisionar 2.200 millones de dólares para la resolución de pleitos y el pago de multas por sus pasadas prácticas comerciales en EEUU.

   Así lo informa el diario 'Financial Times', según el cual la empresa confía en que esos gastos queden finalmente reducidos a 1.800 millones de libras (2.150 millones de euros) tras las correspondientes deducciones fiscales.

   En cualquier caso, la suma supera los 2.300 millones de dólares (1.720 millones de euros) que se vio obligada a pagar la farmacéutica estadounidense Pfizer al regulador norteamericano el año pasado.

   El aprovisionamiento que ha tenido que hacer GSK se refiere, según el diario británico, a prácticas comerciales indebidas y a efectos no deseados de algunos de sus fármacos y es sólo un cálculo provisional del grupo pues el total podría incluso ser superior a la cifra ofrecida.

   Aunque GSK no ha precisado la distribución de esos fondos, el diario señala que la parte del león corresponde a una investigación de la fiscalía del Estado de Colorado (EEUU) relativa a prácticas comerciales y de promoción de sus fármacos entre 1997 y 2004 que incluyen los antidepresivos Paxil y Wellbutrin.

   Ese tipo de investigaciones, explica el periódico, se refiere normalmente a la promoción por las farmacéuticas entre los médicos de sus medicinas para usos que van más allá de las indicaciones para las que han sido aprobadas oficialmente por el regulador de medicinas y alimentos de EEUU.

   Otra suma se destinará a los litigios relacionados con Avandia, fármaco contra la diabetes que fue muy popular, pero que fue prácticamente retirado de EEUU y Europa a finales del año pasado por la preocupación en torno a sus posibles contraindicaciones cardiovasculares.

   Según el diario británico, Andrew Witty, nombrado consejero delegado en 2008, se ha propuesto dar finalmente carpetazo a esos problemas del pasado y propugna un enfoque más ético de la actividad comercial del grupo....Entonces...¿que estaban haciendo hasta ahora?...
                                                                                                  (Fuente: farmacritixs)

La Sanidad cautiva

     Frecuentemente se habla de “la sanidad” de forma abstracta y trivial, como de un ideal etéreo y perdurable, reconociéndolo como pilar fundamental del llamado Estado del Bienestar y aspecto específicamente tratado y garantizado en cualquier texto Constitucional, pero muy poco reparamos si bajo esa conceptualización todos nos estamos refiriendo a lo mismo. Y se nos olvida que a la sanidad, en tanto y cuanto estructura de servicios, le ocurre lo que a los conceptos de libertad, o de salud individual, es decir, que sólo se valora cuando se pierde...
   Resulta evidente cómo las opciones políticas que en los últimos años han dirigido la vida política y social de nuestro país han demostrado una obstinada torpeza en materia de gestión sanitaria, consecuencia del profundo desconocimiento que los distintos responsables políticos poseen respecto a las peculiaridades y características específicas del sector Sanidad, organización compleja, hiperburocrática, piramidal y jerárquica, y sometida a determinantes internos y externos, sociales y económicos.
   En consecuencia, y parafraseando una teoría marxiana, deberíamos aspirar “no tanto a intentar arreglar la sanidad, sino a comprenderla previamente...”.  Sólo a partir de análisis edificados sobre el certero conocimiento del ámbito sanitario, y de sus diversos y complejos subsistemas, podremos conseguir formulaciones de políticas sanitarias públicas y criterios de macrogestión que culminen procurando mas eficacia pero, y sobre todo, mayor eficiencia en la Sanidad Pública. Claro, que este reto tendría sentido si se tratase de "mejorar" la sanidad pública...y es que a estas alturas ¿alguien aún cree que la actual corriente neoliberal  pretende mejorar la sanidad pública?
   El necesario debate social y político sobre el futuro del modelo sanitario público de los países desarrollados, debate demandado e inducido por la evidencia de que la tendencia incrementista en los gastos sanitarios debería “reconducirse”, no puede adulterarse con demagogias excesivamente utópicas, pero tampoco con discursos perversamente mercantilistas. Algunos opinan que en su proceso de reforma, iniciado en 1986, la sanidad española ha estado demasiado politizada, y ante esto otros debemos discrepar, pues no se puede concebir una política sanitaria despolitizada en un estado moderno democrático y de Derecho. Otra cosa muy distinta es que ese proceso de reforma, lejos de estar adecuadamente politizado, lo que ha sufrido ha sido una total colonización de intereses perversos (económicos o de poder, particulares o grupales y partidistas), que han usurpado y desplazado los legítimos intereses de la polis. Así, ni es cierto el paradigma de que el gasto sanitario de nuestro país es insoportable, ni tampoco que el coste sanitario no deba reconducirse, adaptarse y/o racionalizarse siempre desde criterios de rigor, porque considerando la Sanidad como un Bien social conquistado, nunca debería cuestionarse en su esencia, ni hipotecarse en su desarrollo.
   La progresión demográfica hacia bolsas poblacionales envejecidas, que van a demandar más y mejor inversión sanitaria, unido a la continua y vertiginosa renovación técnico-científica que aporta nuevas tecnologías médicas cada vez más sofisticadas y costosas, nos deben ubicar en un marco de reflexión en el que admitamos que es la sociedad (como legítima dueña de su opción en salud y de su dispositivo sanitario) la única que debe decidir hasta dónde ese Bien Común debe conservarse, pasando necesariamente por un cambio en sus planteamientos para la utilización de los servicios sanitarios, así como para acceder a las prestaciones que el Estado (y no los responsables políticos) les otorgan y a los que “deben” tener derecho. En la sociología de los servicios públicos esenciales, y ante análisis de coste/eficiencia (no coste/beneficio ni coste/eficacia), se debe hacer referencia a esa tesis de Pareto y sería positivo que nosotros también aceptáramos ese enfoque.
   Por el contrario, no podemos ignorar la recurrente pretensión que los gobiernos conservadores occidentales esgrimen para “mercantilizar” el sector sanitario ante la ávida presión financiera internacional, que engolosinada con un sector prometedor, hasta ahora teóricamente monopolizado por el intervencionismo estatal, y dada su peculiaridad como necesidad esencial de la población y por la percepción desenfocada (información asimétrica) que ésta tiene de su Salud, anuncia ser económicamente rentable para la inversión privada.
   Los expertos han evidenciado que los sistemas sanitarios públicos son los que mejor respuesta dan a las necesidades de salud del conjunto de la sociedad moderna, e igualmente resulta indiscutible que el modelo español, a pesar de ser reconocido como muy eficaz, arroja aún importantes deficiencias en materia de equidad y de eficiencia.
   Cuando se hace balance del gasto sanitario español y se compara con el de otros modelos occidentales, no debemos conformarnos con reconocer que nuestro porcentaje de PIB se está europeizando y por ello aceptar que debamos contenerle, sino que el análisis riguroso nos obligaría a precisar cual era nuestro punto de partida en 1986, qué camino hemos recorrido y, especialmente, qué trecho nos queda aún por recorrer para cumplir los imperativos constitucionales de nuestra Carta Magna. Sólo así sabremos si hemos gastado mucho o si hemos gastado mal, y despejaremos la incógnita de si , ante los recortes en sanidad, la única intención del gobierno y de las CCAA es la de buscar simples políticas de ahorro, o más concretamente cierto “totum revolutum” para, una vez suficientemente deteriorada la sanidad pública, atesorar argumentos que justifiquen medidas privatizadoras que abran la puerta a iniciativas inversoras externas.
   En plena crisis global, en un escenario de inquietud por el futuro del edificio del bienestar y de los servicios públicos, y en un marco en el que el tema de la financiación de la sanidad transferida a las distintas CC.AA. supone una vergonzante concesión al contínuo despilfarro de alguna de ellas, no parece fácil que el sistema sanitario público vaya a sobrevivir como modelo, ni que los ciudadanos vayan a recibir la atención sanitaria adecuada y mucho menos pública, equitativa ó gratuita.
   Unos políticos que no asumen su obligación de velar por un Bien común y que no valoran el éxito social de un buen sistema sanitario público, junto a algunos ciudadanos que en ciertos casos y por diversas razones intentan abusar de las prestaciones sanitarias, y todo ello unido a un buen número de profesionales sanitarios que no supimos legitimar nuestro trabajo bien hecho (exigiendo calidad, medios, plantillas y adecuadas condiciones de trabajo), todo ello conforma el terreno sobre el que se abona esa crónica anunciada de la sanidad pública cautiva. Una sanidad presa del asfixiante acecho de los voraces liberalizadores del mercado interno, los cuales, deshaciendo cuanto de positivo se ha alcanzado, van a frustrar las esperanzas de optimización de nuestro, muy mejorable, prestigiado modelo sanitario público. Es por ello que a todos nos correspondería recordar aquello de que “quien cierra los ojos es, como mínimo, cómplice de lo que ocurre “.

La Sanidad cautiva

   Frecuentemente se habla de “la sanidad” de forma abstracta y trivial, como de un ideal etéreo y perdurable, reconociéndolo como pilar fundamental del llamado Estado del Bienestar y aspecto específicamente tratado y garantizado en cualquier texto Constitucional, pero muy poco reparamos si bajo esa conceptualización todos nos estamos refiriendo a lo mismo. Y se nos olvida que a la sanidad, en tanto y cuanto estructura de servicios, le ocurre lo que a los conceptos de libertad, o de salud individual, es decir, que sólo se valora cuando se pierde...
   Resulta evidente cómo las opciones políticas que en los últimos años han dirigido la vida política y social de nuestro país han demostrado una obstinada torpeza en materia de gestión sanitaria, consecuencia del profundo desconocimiento que los distintos responsables políticos poseen respecto a las peculiaridades y características específicas del sector Sanidad, organización compleja, hiperburocrática, piramidal y jerárquica, y sometida a determinantes internos y externos, sociales y económicos.
   En consecuencia, y parafraseando una teoría marxiana, deberíamos aspirar “no tanto a intentar arreglar la sanidad, sino a comprenderla previamente...”.  Sólo a partir de análisis edificados sobre el certero conocimiento del ámbito sanitario, y de sus diversos y complejos subsistemas, podremos conseguir formulaciones de políticas sanitarias públicas y criterios de macrogestión que culminen procurando mas eficacia pero, y sobre todo, mayor eficiencia en la Sanidad Pública. Claro, que este reto tendría sentido si se tratase de "mejorar" la sanidad pública...y es que a estas alturas ¿alguien aún cree que la actual corriente neoliberal  pretende mejorar la sanidad pública?
   El necesario debate social y político sobre el futuro del modelo sanitario público de los países desarrollados, debate demandado e inducido por la evidencia de que la tendencia incrementista en los gastos sanitarios debería “reconducirse”, no puede adulterarse con demagogias excesivamente utópicas, pero tampoco con discursos perversamente mercantilistas. Algunos opinan que en su proceso de reforma, iniciado en 1986, la sanidad española ha estado demasiado politizada, y ante esto otros debemos discrepar, pues no se puede concebir una política sanitaria despolitizada en un estado moderno democrático y de Derecho. Otra cosa muy distinta es que ese proceso de reforma, lejos de estar adecuadamente politizado, lo que ha sufrido ha sido una total colonización de intereses perversos (económicos o de poder, particulares o grupales y partidistas), que han usurpado y desplazado los legítimos intereses de la polis. Así, ni es cierto el paradigma de que el gasto sanitario de nuestro país es insoportable, ni tampoco que el coste sanitario no deba reconducirse, adaptarse y/o racionalizarse siempre desde criterios de rigor, porque considerando la Sanidad como un Bien social conquistado, nunca debería cuestionarse en su esencia, ni hipotecarse en su desarrollo.
   La progresión demográfica hacia bolsas poblacionales envejecidas, que van a demandar más y mejor inversión sanitaria, unido a la continua y vertiginosa renovación técnico-científica que aporta nuevas tecnologías médicas cada vez más sofisticadas y costosas, nos deben ubicar en un marco de reflexión en el que admitamos que es la sociedad (como legítima dueña de su opción en salud y de su dispositivo sanitario) la única que debe decidir hasta dónde ese Bien Común debe conservarse, pasando necesariamente por un cambio en sus planteamientos para la utilización de los servicios sanitarios, así como para acceder a las prestaciones que el Estado (y no los responsables políticos) les otorgan y a los que “deben” tener derecho. En la sociología de los servicios públicos esenciales, y ante análisis de coste/eficiencia (no coste/beneficio ni coste/eficacia), se debe hacer referencia a esa tesis de Pareto y sería positivo que nosotros también aceptáramos ese enfoque.
   Por el contrario, no podemos ignorar la recurrente pretensión que los gobiernos conservadores occidentales esgrimen para “mercantilizar” el sector sanitario ante la ávida presión financiera internacional, que engolosinada con un sector prometedor, hasta ahora teóricamente monopolizado por el intervencionismo estatal, y dada su peculiaridad como necesidad esencial de la población y por la percepción desenfocada (información asimétrica) que ésta tiene de su Salud, anuncia ser económicamente rentable para la inversión privada.
   Los expertos han evidenciado que los sistemas sanitarios públicos son los que mejor respuesta dan a las necesidades de salud del conjunto de la sociedad moderna, e igualmente resulta indiscutible que el modelo español, a pesar de ser reconocido como muy eficaz, arroja aún importantes deficiencias en materia de equidad y de eficiencia.
   Cuando se hace balance del gasto sanitario español y se compara con el de otros modelos occidentales, no debemos conformarnos con reconocer que nuestro porcentaje de PIB se está europeizando y por ello aceptar que debamos contenerle, sino que el análisis riguroso nos obligaría a precisar cual era nuestro punto de partida en 1986, qué camino hemos recorrido y, especialmente, qué trecho nos queda aún por recorrer para cumplir los imperativos constitucionales de nuestra Carta Magna. Sólo así sabremos si hemos gastado mucho o si hemos gastado mal, y despejaremos la incógnita de si , ante los recortes en sanidad, la única intención del gobierno y de las CCAA es la de buscar simples políticas de ahorro, o más concretamente cierto “totum revolutum” para, una vez suficientemente deteriorada la sanidad pública, atesorar argumentos que justifiquen medidas privatizadoras que abran la puerta a iniciativas inversoras externas.
   En plena crisis global, en un escenario de inquietud por el futuro del edificio del bienestar y de los servicios públicos, y en un marco en el que el tema de la financiación de la sanidad transferida a las distintas CC.AA. supone una vergonzante concesión al contínuo despilfarro de alguna de ellas, no parece fácil que el sistema sanitario público vaya a sobrevivir como modelo, ni que los ciudadanos vayan a recibir la atención sanitaria adecuada y mucho menos pública, equitativa ó gratuita.
   Unos políticos que no asumen su obligación de velar por un Bien común y que no valoran el éxito social de un buen sistema sanitario público, junto a algunos ciudadanos que en ciertos casos y por diversas razones intentan abusar de las prestaciones sanitarias, y todo ello unido a un buen número de profesionales sanitarios que no supimos legitimar nuestro trabajo bien hecho (exigiendo calidad, medios, plantillas y adecuadas condiciones de trabajo), todo ello conforma el terreno sobre el que se abona esa crónica anunciada de la sanidad pública cautiva. Una sanidad presa del asfixiante acecho de los voraces liberalizadores del mercado interno, los cuales, deshaciendo cuanto de positivo se ha alcanzado, van a frustrar las esperanzas de optimización de nuestro, muy mejorable, prestigiado modelo sanitario público. Es por ello que a todos nos correspondería recordar aquello de que “quien cierra los ojos es, como mínimo, cómplice de lo que ocurre “.

Pfizer, ó los métodos de la industria farmacéutica.

     En 1996, Nigeria se enfrentó a la mayor epidemia de meningitis de la última década que causó más de 1900 muertos en todo el África subsahariana.
    Es en ese momento cuando la empresa farmacéutica Pfizer se instala en un pequeño poblado de Nigeria llamado Kano, para comprobar la efectividad de un antibiótico, alegando al mundo que su propósito era combatir la epidemia.
     Para esto, se administra un antibiótico sin licencia (Trovafloxacino) a 100 niños, mientras que otros 100 eran tratados con Ceftriaxona comercializada por un grupo farmacéutico suizo competidor de Pfizer (Hoffman-LaRoche).
    Tiempo después, Pfizer se retira de Nigeria dispuesto a comercializar su producto en Europa y EEUU y dejando tras de sí 12 muertos y un gran número de niños con secuelas, ceguera y sordera entre ellas, que podrían atribuirse tanto a la aplicación del antibiótico como a la enfermedad subyacente (meningitis).
    En el año 2000, el periodista norteamericano Joe Stephens, tras una investigación, publica lo que se conocerá como “El caso Trovan” en el periódico para el que trabaja, “The Washington Post” levantando un gran escándalo.
     No sólo destapa las muertes de 12 niños y las secuelas a los demás, sino que además evidencia cómo Pfizer falta a los protocolos firmados en la Declaración de Helsinki que regula este tipo de prácticas.
     Así, postula que "En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad"; y que "La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales" y en cuanto a la información y consentimiento: “La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada individuo potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información...Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente.”...(sic)
    Ante la denuncia mundial que se hizo desde el “The Washington Post”, Pfizer no sólo no negó los hechos, sino que explica la no obtención de consentimientos informados por el analfabetismo de la población incluida en el ensayo, y sentencia que tenía consentimientos verbales.
    Un agravante de la situación es que Trovan fue aprobado en EEUU y Europa sólo para uso en adultos, y un tiempo después fue retirado del mercado por el daño hepático que produce.
   ¿Qué ocurrió tras el destape de “El caso Trovan”? El gobierno central de Nigeria escuchó a los damnificados tras 4 años de demandas infructuosas y comenzó a pedir responsabilidades por lo sucedido en Kano.
    Pasado ese tiempo, aún eran pocos los que apuntaban a Pfizer y a los médicos que administraban Trovan, por lo que de nuevo The Washington Post puso a trabajar a sus sabuesos: supuestamente Pfizer había ensayado con Trovan en los niños de Kano sin haber realizado los ensayos previos. Esto fue corroborado por el médico de la empresa Juan Walterspiel, que fue despedido tras enviar una carta a los ejecutivos de Pfizer denunciando el no cumplimiento de la declaración de Helsinki.
    La sociedad civil nigeriana salió a la calle y, tras las manifestaciones de 2002 el gobierno de Nigeria llevó a los tribunales a Pfizer.
   La batalla legal ha durado años...y empezará a despejarse en las próximas semanas...

   Se dice, en ocasiones, que la realidad supera la ficción, por lo que aún habrá personas que no crean que el guión de la película "El jardinero fiel" no sólo no era exagerado, sino que, quizá, se quedaba corto...