...Reivindicando el espacio SocioSanitario (y 4)

....Estamos observando, por ejemplo, cómo en los últimos meses se recortan las “Prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar” y cómo se deja de financiar las cuotas de la seguridad social de las/os cuidadores familiares (de los que el 94% son mujeres). Paralelamente se están reduciendo el número de horas del “Servicio de Ayuda a Domicilio” entre 10 y 20 horas al mes, lo que está suponiendo una disminución de la “intensidad” y calidad de la asistencia a estas personas, y la pérdida de puestos de trabajo cualificado. Además, se aprueba legislativamente el incremento de las aportaciones que tienen que hacer muchas de las personas dependientes, aumentando para ellos el ya injusto copago recientemente decretado.

     Todas estas medidas suponen, a mayores, un retroceso de las mujeres al papel más tradicional que se les asignó socialmente en épocas aún recientes, pues sobre ellas volverá a recaer el cuidado de las personas dependientes, con independencia de que dichas medidas también reducen al mínimo un sector laboral que estaba dando empleo y dinamizando las zonas rurales, empujando a las personas dependientes de estas áreas geográficas a abandonar sus lugares de residencia familiar y de toda la vida.

    En concreto, en Castilla y León, los servicios de “teleasistencia”, hasta ahora gestionados por la Federación de Municipios y Provincias y depositados en organizaciones como Cruz Roja, tendrán que limitarse y reducirse notoriamente, habida cuenta de las dificultades económicas de ésta organización; los servicios de “ayuda a domicilio” están siendo recortados desde las 90 horas que se atendía a un anciano dependiente hasta las 70 actuales, desconociendo quién y cómo se le atenderá el resto de las horas; en cuanto a los “Centros de Día y Atención Residencial”, éstos han sufrido un parón en sus altas o ingresos, por cuanto los de titularidad pública casi no existían y los concertados están sobreocupados; y la “asistencia personal y los cuidados familiares” van a ser drásticamente reducidos en la práctica, pues al rescindir el pago de las cuotas de la seguridad social de los/as cuidadores, en muchos casos estas cuotas no podrá financiarse y los dependientes quedarán en riesgo de soledad y desatención en sus cuidados más básicos. 
Todo ello coincide con la aparición de nuevas empresas y de centros privados para cubrir estas necesidades (así como de otros centros antes públicos pero ya “externalizados”), con los que los dependientes afectados (o sus familias), y siempre que su disponibilidad económica así se lo permita, deberán contratar servicios que hasta ahora eran provistos por el Estado, las Diputaciones o las CCAA. Va a ser cierto aquello de que “se acabó el café gratis para todos”, y lo verdaderamente dramático es que ese “café gratis” les será retirado a quienes por su situación de vulnerabilidad más lo necesitan, y a los que, coincide, se encuentran “sin voz” ante las administraciones públicas y su ineludible responsabilidad política, ética y moral. Y todo esto sin entrar al debate de quiénes, o qué organizaciones, se encuentran detrás de esas nuevas empresas privadas creadas al efecto, y que conforman parte de su capital social o de sus consejos de administración.

     Pero, no obstante, y superando la tentación de abordar la reflexión y el análisis político que no nos corresponde hacer aquí, sí es fundamental que hagamos un ejercicio de responsabilidad profesional porque es ahí, precisamente ahí, en procurar visualizar esas necesidades y en su identificación, diagnóstico, valoración, denuncia y provisión de cuidados, donde es hoy tan importante el papel de los profesionales sanitarios en su “nueva” (ministra, dixit) vertiente sociosanitaria, vertiente que sin embargo siempre existió, al menos desde la época de Rudolf Virchow, pero que al parecer, y al igual que con todo lo relacionado con la medicina social, muchos se han venido encargando muy aplicadamente y muy exitosamente de que se nos olvidase.

                            

                 Fuente.- Alberto del Pozo (publicado en la revista "Cuaderno de Políticas de Salud")

                           

...Reivindicando el espacio SocioSanitario (3)

       En el texto de la normativa legal, la exposición de motivos es suficientemente clara y defendible desde el punto de vista de la salud integral, y cuando esa legislación (Decreto 74/2000 de 13 de abril) define sus estructuras sociosanitarias, como son las Comisiones de Coordinación Sociosanitaria de ámbito provincial, resulta evidente que estas Comisiones existen para coordinar y armonizar la actuación de los equipos que están más pegados a la calle y a la población, que son los Equipos de Coordinación de Base, los cuales se erigen en la célula activa del trabajo de campo en la intervención sociosanitaria, tanto a la hora de identificar los problemas, como a la de canalizar o abordar las posibles soluciones. Estamos hablando pues, de grupos de trabajo multidisciplinar en el que figuran agentes profesionales del trabajo social pertenecientes a las Diputaciones (CEAS) y al propio sistema sanitario, junto con profesionales sanitarios pertenecientes a los EAP, profesionales sanitarios del ámbito de la salud mental pertenecientes al Área de Salud, y, cómo no, algún responsable de la administración perteneciente al ámbito de la gestión.
Estas estructuras, tanto las provinciales como las de base, se encuentran dirigidas ó coordinadas por un coordinador, y su dependencia orgánica se ubica claramente en el organigrama de las dependencias de la salud y los servicios sociales.
   
     Después de todo lo dicho, resulta más llamativo aún que la administración no insista en la necesidad de impulsar y fomentar el trabajo en estas estructuras, dada la situación crítica que hemos descrito anteriormente, y cuyo perfil dramático en lo social es bien conocido en nuestras consultas diarias de atención primaria.
Si ya antes, éste espacio de colaboración interdisciplinar e interinstitucional era desconocido para la mayoría de los profesionales de la salud, con la inestimable colaboración y desidia de la propia administración sanitaria, hoy día el papel de esta estructura interdisciplinar resulta desgraciadamente aún más desesperanzador, habida cuenta de los recortes y procesos de privatización que están observándose en los últimos meses.

      El pasado 12 de noviembre, la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad defendía públicamente el “compromiso pleno” de su departamento con “la integración de las personas con discapacidad y la mejora de su calidad de vida”, recalcando que eso pasa “por que la sanidad y los servicios sociales empiecen a trabajar conjuntamente (sic)”, porque en la mayoría de los casos “su salud y la atención de sus necesidades sociales son interdependientes (sic)”, para lo que recordó que se está llevando a cabo “una intensa agenda de reformas” que culminará en la creación “por primera vez en España de un espacio único sociosanitario (sic)”.
A quienes trabajamos en el ámbito sociosanitario y/ó en el de la atención primaria, nos sonroja y nos llama poderosamente la atención dos incoherencias de la actual ministra. La primera, la de verbalizar en público y ante los medios de comunicación la “innovadora ocurrencia” de su departamento a la hora de crear ese “espacio único por primera vez en España”, como si la ministra ó sus asesores acabasen ahora de “caerse del guindo” en materia sociosanitaria, y disculpen la invitación al chiste fácil; y la segunda incoherencia, y de mayor calado, es la enorme frivolidad que supone el que con estas exhibiciones públicas se generen falsas expectativas para los más vulnerables como son toda la población discapacitada y sus familias, por cuanto, simultáneamente y en estos días, el gobierno al que pertenece la ministra está disponiendo medidas de recortes presupuestario que van a dar al traste con el desarrollo de la propia Ley de Dependencia, la cual, así y  paulatinamente, va quedándose día a día sin recursos y sin contenido.
Y es que una de las restricciones más dolorosas desde la óptica sociosanitaria es la que está afectando de manera contundente a la estructura dispuesta legislativamente para atender a la dependencia, es decir el comprobar el proceso de desarticulación y privatización de la propia Ley de Dependencia, y ello, obviamente, por los efectos que estas restricciones están suponiendo para la salud de las personas afectadas y que en ningún caso deberían pasar desapercibidas para todos nosotros en tanto profesionales de la salud.
                                                             (Continúa....)
                   Fuente.- Alberto del Pozo (Publicado en "Cuaderno de Políticas de Salud")

....Reivindicando el espacio SocioSanitario (2)

....Quien actualmente ejerza en el ámbito de la atención primaria en España sabe que su consulta se está viendo salpicada de motivos de consulta que tienen cada día menos que ver con aspectos estrictamente biológicos y/o infecciosos (excepción hecha de los problemas crónicos degenerativos), y que por el contrario se observan multitud de desórdenes psicosociales que tienen su origen en situaciones críticas, o al menos alarmantes, en materia social, económica y laboral. Así, y por mencionar algunos exponentes de lo que intentamos expresar podríamos aludir a la situación en la que está quedando toda la población inmigrante de los que muchos de ellos se han quedado sin derecho a la asistencia sanitaria, ó el dramático escenario en el que deben jugar la creciente multitud de personas que están quedando en desempleo con o sin subsidio, ó los recortes en la atención a los dependientes ancianos que deben retornan a la soledad e inaccesibilidad de sus inadecuados domicilios, ó el impacto que la crisis está provocando en las mujeres en tanto eje y elemento fundamental que tradicionalmente han jugado éstas en su mal entendido rol “natural” de cuidadora, ó la demora en las posibilidades gnésicas de muchas parejas jóvenes hoy sin futuro esperanzador a medio plazo, ó el caos que provoca la amenaza y realidad de los desahucios, ó la incertidumbre ante el futuro de los que aún conservan su empleo, ó, en fín, la precariedad de muchos empleos en materia de condiciones de trabajo, horarios, medios, seguridad laboral, etc, situaciones toda ellas que provocan alteraciones adaptativas de naturaleza muy severa y para las que el modelo biomédico en vigor que desempeñamos hoy día no parece tener ninguna respuesta coherente.

      Todo este escenario debe obligarnos a que, sin abandonar otros retos ya conocidos y percibidos a diario, debamos girar gran parte de nuestra atención profesional hacia los problemas de salud que vienen directamente condicionados por un entorno social hostil, y que resulta asfixiante para las clases medias y para las más desfavorecidas, como son los estratos medio-bajos o con dificultades, así como para los colectivos más vulnerables como son, sin duda, los jóvenes, los ancianos y las mujeres, alcanzando incluso tintes dramáticos para quienes ya desde los últimos años venían sobreviviendo sin recursos ó con muy escasa disponibilidad de ellos.
      

      Todo el componente de atención sociosanitaria ha sido escasamente merecedora de atención por parte de las administraciones. No sólo se aprecia tal tendencia en los argumentos antes expuestos y expresados por la ausencia de contenidos sociosanitarios en la formación pre y post-grado de los profesionales de la salud, sino que, posteriormente, esa desidia de los responsables de las políticas de salud se confirma en cómo se ignoran y solapan estos aspectos en las carteras de servicios que se negocian y que conforman el contrato-programa que anualmente suscriben las Gerencias de Atención Primaria con los dispositivos proveedores de servicios, es decir con los EAP (Equipos de Atención Primaria). No se conoce ninguna CCAA donde en las carteras de servicios de sus EAP se encuentre incentivada ninguna actividad sociosanitaria, ni tampoco la necesaria colaboración entre el personal sanitario y el de los servicios sociales ante las múltiples situaciones que cotidianamente lo demandan, y que surgen, además, en un ámbito de la población que les es común a ambas disciplinas asistenciales, como por ejemplo las ya delimitadas Zonas Básicas de Salud.
     De hecho, y al amparo de aspiraciones orientadas a la corresponsabilidad de los profesionales proveedores de la atención sanitaria con respecto al gasto del sistema y su necesaria y dura contención (no hablamos de racionalización), el sector profesional sanitario parece haberse convertido más en una suerte de departamentos o negociados burocratizados, fríos e hiperadministrativizados, cuyo único objetivo parece ser el tener que cooperar de forma cómplice con las medidas restrictivas del ámbito de la gestión, y que tienden inexorablemente a servir de pretexto para legitimar la limitación de recursos y de personal y, la inmensa mayoría de las veces, ajenas al verdadero papel que deben desarrollar los profesionales sanitarios.

     Cuando en alguna de las CCAA se han promulgado normas legislativas que diseñan la colaboración entre el sector sanitario y el de los servicios sociales, como es el caso concreto (y mejor conocido por nosotros) de la Coordinación Sanitaria en Castilla y León por medio del Decreto 16/98 de 29 de enero, ésta coordinación sociosanitaria se define como el agente facilitador de la conexión entre los sistemas de salud y de servicios sociales,  sin necesidad, eso sí queda muy explícito, de que esa coordinación pueda suponer el configurar una nueva estructura asistencial ó el robar espacios de intervención a uno u otro sistema. En este diseño se parte de la idea básica de que los sistemas de salud y sociales deben cumplir el papel que legitima su existencia en la prestación de servicios a los/as ciudadanos/as, articulando esa colaboración entre ambos sectores como respuesta a la necesidad de abordar determinados problemas de los ciudadanos/as de forma interdisciplinar, y cuya cobertura exige la intervención integrada de los servicios sanitarios y sociales.
Las necesidades que se identifican como merecedoras de esa atención sociosanitaria se expresan como áreas específicas de intervención, y se pueden clasificar en cinco grandes bloques: los ancianos, los menores desasistidos, las personas de cualquier edad con discapacidades, las personas con problemas derivados de la drogodependencia, y por último, aquellas personas en situación de riesgo o de exclusión social.
                                                                                     (Continúa)
              (Fuente.- Alberto del Pozo Robles // Artículo publicado en la revista "Cuaderno de Políticas de Salud")

Reivindiquemos el espacio “sociosanitario” (1)

            Los vientos de crisis global que azotan a toda Europa (a España en particular, también por razones domésticas) y que vienen propiciando la pérdida de las conquistas sociales adquiridas durante el último siglo y medio, y disfrutadas especialmente durante esa pequeña “edad de oro” de 1947 a 1973 según Hobsbawm, parece que tienen como objetivo el cambiar el orden social conocido por las últimas dos generaciones, y por ello empeñarse en promover la descomposición del estado garante de derechos ciudadanos para con ello dar juego y réditos al capital privado y a los mercados financieros de perfil especulativo, retornando a escenarios de desigualdad social más propios de épocas decimonónicas.
          Entre estos derechos en peligro de extinción se encuentra el del acceso a una sanidad gratuita, equitativa, de calidad y universal, una sanidad que, al menos para el ámbito de la atención primaria, fue diseñada por la OMS en 1978 en la Conferencia de Kazajistán (antigua URSS), y que garantizaba un modelo de servicios sanitarios integrales, participativos e interdisciplinares, directamente imbricados en el entorno social, laboral, familiar y medioambiental del individuo y de la colectividad.

      Pero mas allá de otras reflexiones más abstractas y genéricas, y centrándonos en nuestro mundo sanitario, sí parece evidente que esta situación de crisis de modelo está poniendo sobre el papel, al menos, dos realidades meridianas:

1ª.- Una constatación de la escasa y tibia apuesta histórica de los gobiernos españoles por fomentar y dinamizar la intervención sociosanitaria en la salud de los ciudadanos y ciudadanas.

2ª.- El sublime ejercicio de voracidad privatizadora de estos gobiernos neoliberales en su ansia por estrechar el Estado en beneficio de la rentabilidad privada, y que en ningún caso repara en respetar la consecuente pérdida de atención sanitaria y sociosanitaria de los más desfavorecidos, en concreto, de los ancianos, de los menores en dificultades, de los discapacitados, y de aquellas personas en riesgo de exclusión social.

      Es por todo esto que ahora más que nunca deberíamos reflexionar sobre la necesidad de revitalizar el aspecto sociosanitario de nuestro trabajo en atención primaria, y obviamente dentro de la sanidad pública, dado que fuera del sector sanitario público, es decir, en la sanidad privada, “hace mucho frío” y no existe nada que pueda identificarse con la atención primaria de salud.
      La defensa de la salud integral que se hace desde la atención primaria incorpora elementos conceptuales que abren el campo de actuación de la intervención (socio)comunitaria y, por ende, a los aspectos sociales que intervienen en el acceso a los servicios sanitarios o que, lo que es mas importante, determinan el nivel de salud de cada persona y del colectivo (comunidad) en su conjunto.
      Los principios sobre los que se edificó el nuevo modelo de atención primaria contenían desafíos en el campo de la intervención comunitaria (y el propio nombre de la especialidad de “medicina familiar y comunitaria” así lo explicita) y no puede contemplarse esta atención sólo desde el punto de vista epidemiológico biologicista ó de la salud pública en sus clásicos términos microbiológicos, infecciosos ó transmisibles, sino, además, también desde una óptica en la que se consideran los factores del entorno social (laboral, familiar, económico, ecológico y político en suma) que van a modificar en uno u otro sentido el estado de salud bio-psico-físico-social del indivíduo y de la comunidad en la que se halla inmerso.
        La formación pregrado de los alumnos y alumnas de medicina y enfermería carece en sus respectivas síntesis currículares de contenidos disciplinares relacionados con el entorno social que afecta a la salud de las personas, pero es que, posteriormente, y ya en la formación postgrado que reciben los profesionales, y saturada como está de contenidos técnicos abrumadores ante el avance y seducción del progreso tecnológico-científio, no parece que en sus diseños formativos se contemplen otros aspectos que no sean los estrictamente biológico-asistencialistas y medicocéntricos
“Y sin embargo se mueve”, como diría Galileo, es decir, y sin embargo lo social se encuentra tan imbricado en lo sanitario que no sólo sería oportuno y necesario que esa visión se impartiese en las disciplinas formativas, sino que hoy, quizá más que nunca desde Alma-Atá, esa parcela de nuestro ámbito profesional se nos hace sumamente imprescindible si aspiramos a ofrecer una respuesta integral a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro entorno en estos momentos.
                                                                                                                        (Continúa)
                          Fuente.- Alberto del Pozo Robles (Publicado en la revista "Cuaderno de Política Sanitaria")