Esta breve referencia que editamos hoy en este blog viene a incidir una vez más en la evidente necesidad de que las decisiones que se adoptan en política sanitaria tengan que responder a criterios científicos y sociales.
Ya se han cumplido tres años de la polémica introducción de la vacuna contra algunos tipos del papiloma humano en España (y en algunos de sus calendarios vacunales). Dicha introducción estuvo revestida de bastante polémica, llegando a movilizar a miles de profesionales relacionados con el mundo sanitario y pacientes pidiendo una moratoria para su introducción en nuestro país.
Eran muchos los argumentos que se exponían, pero sobresalían dos principalmente:
1. Las cifras de incidencia de cáncer de cérvix en España son muy bajas y los casos que se presentan están relacionados, en su gran mayoría, con el no seguimiento de los programas de diagnóstico precoz (las citologías pertinentes); este menor seguimiento se observa principalmente en población de clases socioeconómicas más desfavorecidas.
2. El elevado precio de la vacuna hacía que se produjera un elevado coste oportunidad (el dinero invertido en vacunar no se invierte en otros programas sanitarios con un beneficio potencial más elevado).
En los EEUU la vacuna comenzó a comercializarse en el año 2006, y en marzo de 2010 se publicó en el Journal of American Medical Association (JAMA) un artículo titulado "Gardasil, from bench, to bedside, to blunder", que vendría a ser -traducción libre- algo así como "Gardasil (que es el nombre comercial de la vacuna): del laboratorio al paciente metiendo la pata". En este artículo se analiza la distribución por Estados de la cobertura vacunal y se relaciona con la mortalidad por cáncer de cérvix (lo que podríamos considerar "la necesidad de la vacuna") y los ingresos promedio en cada hogar.
El estudio incorporaba una plástica expresión cartesiana con dos gráficas. Una de las gráficas nos indica que se vacunaron más en aquellos estados en los que la mortalidad por cáncer de cérvix era más baja antes de la introducción de la vacuna (esto es, que la vacuna no tiene nada que ver porque no ha habido tiempo para ello -y, adivinando, poco que ver tendrá-); esto es, no se vacunó la gente que más lo necesitaría (y donde la vacuna, cuya efectividad estaba cuestionada, mayor beneficio potencial tenía) y se vacunó más la población que menos lo necesitaba.
En la otra gráfica se observa que se vacunaron más aquellos estados con una renta promedio más elevada y las cifras de vacunación fueron menores allá donde los ingresos también lo eran.
Si esto ocurre en EEUU lo cierto es que obtener datos de países como Sierra Leona o Uganda, donde realmente la vacuna del papiloma podría tener un lugar en las políticas de salud pública, debe ser desolador.
Concluyendo, no sería mucho atrevimiento afirmar que, a día de hoy, el cáncer de cérvix, poblacionalmente, es una enfermedad de pobres, y que la vacuna se comporta como un entretenimiento medicalizador para ricos.
Si a esto le añadimos lo mencionado respecto al análisis "coste-oportunidad" que decíamos antes, resulta que, en aquellos países donde la sanidad pública financia esta carísima operación mercantil de la VPH, como en España, otros objetivos sanitarios más evidentes, científicos y sociales se están dejando de atender.
(Fuente.- "Médico Crítico", y propia)
Ya se han cumplido tres años de la polémica introducción de la vacuna contra algunos tipos del papiloma humano en España (y en algunos de sus calendarios vacunales). Dicha introducción estuvo revestida de bastante polémica, llegando a movilizar a miles de profesionales relacionados con el mundo sanitario y pacientes pidiendo una moratoria para su introducción en nuestro país.
Eran muchos los argumentos que se exponían, pero sobresalían dos principalmente:
1. Las cifras de incidencia de cáncer de cérvix en España son muy bajas y los casos que se presentan están relacionados, en su gran mayoría, con el no seguimiento de los programas de diagnóstico precoz (las citologías pertinentes); este menor seguimiento se observa principalmente en población de clases socioeconómicas más desfavorecidas.
2. El elevado precio de la vacuna hacía que se produjera un elevado coste oportunidad (el dinero invertido en vacunar no se invierte en otros programas sanitarios con un beneficio potencial más elevado).
En los EEUU la vacuna comenzó a comercializarse en el año 2006, y en marzo de 2010 se publicó en el Journal of American Medical Association (JAMA) un artículo titulado "Gardasil, from bench, to bedside, to blunder", que vendría a ser -traducción libre- algo así como "Gardasil (que es el nombre comercial de la vacuna): del laboratorio al paciente metiendo la pata". En este artículo se analiza la distribución por Estados de la cobertura vacunal y se relaciona con la mortalidad por cáncer de cérvix (lo que podríamos considerar "la necesidad de la vacuna") y los ingresos promedio en cada hogar.
El estudio incorporaba una plástica expresión cartesiana con dos gráficas. Una de las gráficas nos indica que se vacunaron más en aquellos estados en los que la mortalidad por cáncer de cérvix era más baja antes de la introducción de la vacuna (esto es, que la vacuna no tiene nada que ver porque no ha habido tiempo para ello -y, adivinando, poco que ver tendrá-); esto es, no se vacunó la gente que más lo necesitaría (y donde la vacuna, cuya efectividad estaba cuestionada, mayor beneficio potencial tenía) y se vacunó más la población que menos lo necesitaba.
En la otra gráfica se observa que se vacunaron más aquellos estados con una renta promedio más elevada y las cifras de vacunación fueron menores allá donde los ingresos también lo eran.
Si esto ocurre en EEUU lo cierto es que obtener datos de países como Sierra Leona o Uganda, donde realmente la vacuna del papiloma podría tener un lugar en las políticas de salud pública, debe ser desolador.
Concluyendo, no sería mucho atrevimiento afirmar que, a día de hoy, el cáncer de cérvix, poblacionalmente, es una enfermedad de pobres, y que la vacuna se comporta como un entretenimiento medicalizador para ricos.
Si a esto le añadimos lo mencionado respecto al análisis "coste-oportunidad" que decíamos antes, resulta que, en aquellos países donde la sanidad pública financia esta carísima operación mercantil de la VPH, como en España, otros objetivos sanitarios más evidentes, científicos y sociales se están dejando de atender.
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