jueves, 1 de marzo de 2012

Hachazo para la Sanidad Pública

   Aunque desde hace años, en Castilla y León venimos padeciendo recortes en plantilla y en sustituciones del personal sanitario, es posible que aún no se haya traducido en un claro impacto sobre la percepción de la población respecto al funcionamiento de su sistema sanitario, pero cuando a partir de marzo, la Junta de Castilla y León ponga en práctica las medidas de ahorro presupuestario, bien definidas en los presupuestos sanitarios para el 2012, entonces será cuando la población de Castilla y León comprenderá que los recortes en sanidad sí le afectarán, y que lo que ahora parecía que sólo afectaba a catalanes, gallegos, valencianos o madrileños, también les tocará a ellos.. 
   Si miramos a nuestro alrededor para tomar conciencia de lo que puede avecinarse, veremos en primer lugar que se evidencia una política generalizada de restricción presupuestaria y recortes en la mayoría de las CCAA, que son mucho mas significativas en algunas de ellas como Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia y Castilla La Mancha.
   Las CCAA que, de momento, salen mejor paradas de estos recortes son País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, aunque está por ver lo que sucederá después de que en marzo de lleven a cabo las elecciones andaluzas y se presenten los Presupuestos Generales del Estado.
   Estos recortes se trasladan a una política restrictiva de personal produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo y aumentos de los horarios, así como disminuciones salariales en algunas de ellas y una disminución del numero de profesionales sanitarios. El deterioro de las concisiones de trabajo y la disminución de los profesionales sanitarios conlleva, inevitablemente, a medio plazo, a un deterioro de
las prestaciones porque aumenta la presión asistencial y favorece una bajada en la calidad de las actuaciones del sistema sanitario.
   En muchos casos se esta produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas, de quirófanos, disminución de personal de guardía, etc, todo ello acaba produciendo un peor funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la mayoría de estas medidas son recientes y resulta difícil de cuantificar su efecto sobre la población, existen ya datos como, por ejemplo, de que en Cataluña se han incrementado notablemente las listas de espera ( mas de 25.000 pacientes mas) y el tiempo de espera, y por ejemplo en Canarias se conoce que el cierre de quirófanos por la tarde supone 7.500 pacientes mas en lista de espera, y el cierre de las consultas de tarde significa que se atienden 170 pacientes/hospital/ día menos. Es obvio que habrá que realizar una evaluación en unos meses para conocer el impacto real de estas medidas sobre la población.
   La introducción de tasas y/o copagos supone otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos y mas enfermos, lo que en medio de la crisis económica, con mas de 5 millones de parados y 1,5 millones de familias sin ningún ingreso, además de la escasa cuantía de las pensiones, es un serio problema para la ciudadanía. En este ámbito de cosas, es especialmente preocupante el establecimiento de un plazo de empadronamiento de 6 meses para el acceso a las TSI, como está aplicandose en alguna CA.
   Otro de los fenómenos que se observa, es el aumento de las privatizaciones, como siempre siguiendo un patrón irregular en las formulas adoptadas y en la intensidad del proceso, dependiendo de las CCAA. Así, Castilla La Mancha, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos preocupantes en las demás CCAA, con excepción de País Vasco y Andalucía. Resulta incomprensible desde el punto de vista argumental que se incrementen las privatizaciones, que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público.
   En cualquier caso, desde nuestra Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sugerimos que la población extreme su atención ante lo que a partir de ahora presenciemos...y padezcamos. Nuestra sanidad pública, que se creó como fruto de una conquista social, está hoy a punto de convertirse en una simple obra de beneficencia. Se evidenciará la diferencia entre lo que hasta ahora ha venido siendo un derecho democrático, universal y ciudadano, y lo que pasará a ser, o sea, una simple obra caritativa escasa de recursos y calidad, para los más desfavorecidos, ó bien un artículo de consumo sometido a criterios de mercado para quien se lo pueda pagar.

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