A diario lo constatamos en las consultas de atención primaria.
Y ahora, nuestra Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) asegura que la crisis económica está produciendo un empeoramiento de los niveles de salud de la población en España, un fenómeno que se ha venido produciendo históricamente cada vez que se ha producido una situación similar.
De hecho, cerca de un 25 por ciento de los españoles consideran que su calidad de vida ha empeorado, debido, sobre todo, a que sus ingresos económicos son menores y a que su salud se ha deteriorado. Los problemas de estrés, ansiedad e insomnio ocupan un lugar destacado entre los motivos de este empeoramiento y los atribuyen a la crisis económica.
Este "deterioro" está siendo más acuciante entre las personas más pobres y vulnerables, lo que evidencia una mayor necesidad de un servicio sanitario publico universal y de calidad.
Los datos procedentes de las redes de atención a la salud mental avalan esta encuesta, con un aumento en torno al 15 por ciento de las consultas, debido principalmente a trastornos adaptativos en relación con problemas laborales y otros problemas originados por la crisis económica.
Además hay que señalar las repercusiones que está teniendo la precariedad económica y la ausencia de oferta laboral en las personas con enfermedades mentales, con una dificultad creciente para incorporarse al mercado laboral y la consiguiente disminución de los ingresos económicos con sobrecarga para las familias y un incremento significativo de riesgo de exclusión social y situación de calle para esta población.
Es sabido, por los estudios históricos sobre las crisis económicas, que hay una relación directa entre éstas y la salud pública, y debemos recordar cómo durante estos periodos se produce un incremento de la mayoría de las enfermedades y un aumento de la mortalidad ligada al ascenso de las principales causas de muerte (enfermedades cardiovasculares, traumatismos y suicidios).
La reducción de poder adquisitivo se acompaña de problemas en el acceso a los alimentos o al consumo insuficiente o inadecuado de los mismos lo que lleva a situaciones de desnutrición u obesidad sobre todo en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con enfermedades crónicas como la diabetes.
Por ello, y en virtud de estos antecedentes, se debe insistir en rechazar los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios porque pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía.
Entendemos también que el sistema sanitario público tiene espacios de mejora en su calidad y eficiencia, pero estos deben de ser abordados basándose en la evidencia científica y en el acuerdo con los profesionales y la ciudadanía, y nos brindamos a colaborar en la búsqueda de acuerdos y soluciones siempre que garanticen el mantenimiento y mejora del Sistema Sanitario Público.
De hecho, cerca de un 25 por ciento de los españoles consideran que su calidad de vida ha empeorado, debido, sobre todo, a que sus ingresos económicos son menores y a que su salud se ha deteriorado. Los problemas de estrés, ansiedad e insomnio ocupan un lugar destacado entre los motivos de este empeoramiento y los atribuyen a la crisis económica.
Este "deterioro" está siendo más acuciante entre las personas más pobres y vulnerables, lo que evidencia una mayor necesidad de un servicio sanitario publico universal y de calidad.
Los datos procedentes de las redes de atención a la salud mental avalan esta encuesta, con un aumento en torno al 15 por ciento de las consultas, debido principalmente a trastornos adaptativos en relación con problemas laborales y otros problemas originados por la crisis económica.
Además hay que señalar las repercusiones que está teniendo la precariedad económica y la ausencia de oferta laboral en las personas con enfermedades mentales, con una dificultad creciente para incorporarse al mercado laboral y la consiguiente disminución de los ingresos económicos con sobrecarga para las familias y un incremento significativo de riesgo de exclusión social y situación de calle para esta población.
Es sabido, por los estudios históricos sobre las crisis económicas, que hay una relación directa entre éstas y la salud pública, y debemos recordar cómo durante estos periodos se produce un incremento de la mayoría de las enfermedades y un aumento de la mortalidad ligada al ascenso de las principales causas de muerte (enfermedades cardiovasculares, traumatismos y suicidios).
La reducción de poder adquisitivo se acompaña de problemas en el acceso a los alimentos o al consumo insuficiente o inadecuado de los mismos lo que lleva a situaciones de desnutrición u obesidad sobre todo en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con enfermedades crónicas como la diabetes.
Por ello, y en virtud de estos antecedentes, se debe insistir en rechazar los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios porque pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía.
Entendemos también que el sistema sanitario público tiene espacios de mejora en su calidad y eficiencia, pero estos deben de ser abordados basándose en la evidencia científica y en el acuerdo con los profesionales y la ciudadanía, y nos brindamos a colaborar en la búsqueda de acuerdos y soluciones siempre que garanticen el mantenimiento y mejora del Sistema Sanitario Público.
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