Frecuentemente se habla de “la sanidad” de forma abstracta y trivial, como de un ideal etéreo y perdurable, reconociéndolo como pilar fundamental del llamado Estado del Bienestar y aspecto específicamente tratado y garantizado en cualquier texto Constitucional, pero muy poco reparamos si bajo esa conceptualización todos nos estamos refiriendo a lo mismo. Y se nos olvida que a la sanidad, en tanto y cuanto estructura de servicios, le ocurre lo que a los conceptos de libertad, o de salud individual, es decir, que sólo se valora cuando se pierde...
Resulta evidente cómo las opciones políticas que en los últimos años han dirigido la vida política y social de nuestro país han demostrado una obstinada torpeza en materia de gestión sanitaria, consecuencia del profundo desconocimiento que los distintos responsables políticos poseen respecto a las peculiaridades y características específicas del sector Sanidad, organización compleja, hiperburocrática, piramidal y jerárquica, y sometida a determinantes internos y externos, sociales y económicos.
En consecuencia, y parafraseando una teoría marxiana, deberíamos aspirar “no tanto a intentar arreglar la sanidad, sino a comprenderla previamente...”. Sólo a partir de análisis edificados sobre el certero conocimiento del ámbito sanitario, y de sus diversos y complejos subsistemas, podremos conseguir formulaciones de políticas sanitarias públicas y criterios de macrogestión que culminen procurando mas eficacia pero, y sobre todo, mayor eficiencia en la Sanidad Pública. Claro, que este reto tendría sentido si se tratase de "mejorar" la sanidad pública...y es que a estas alturas ¿alguien aún cree que la actual corriente neoliberal pretende mejorar la sanidad pública?
El necesario debate social y político sobre el futuro del modelo sanitario público de los países desarrollados, debate demandado e inducido por la evidencia de que la tendencia incrementista en los gastos sanitarios debería “reconducirse”, no puede adulterarse con demagogias excesivamente utópicas, pero tampoco con discursos perversamente mercantilistas. Algunos opinan que en su proceso de reforma, iniciado en 1986, la sanidad española ha estado demasiado politizada, y ante esto otros debemos discrepar, pues no se puede concebir una política sanitaria despolitizada en un estado moderno democrático y de Derecho. Otra cosa muy distinta es que ese proceso de reforma, lejos de estar adecuadamente politizado, lo que ha sufrido ha sido una total colonización de intereses perversos (económicos o de poder, particulares o grupales y partidistas), que han usurpado y desplazado los legítimos intereses de la polis. Así, ni es cierto el paradigma de que el gasto sanitario de nuestro país es insoportable, ni tampoco que el coste sanitario no deba reconducirse, adaptarse y/o racionalizarse siempre desde criterios de rigor, porque considerando la Sanidad como un Bien social conquistado, nunca debería cuestionarse en su esencia, ni hipotecarse en su desarrollo.
La progresión demográfica hacia bolsas poblacionales envejecidas, que van a demandar más y mejor inversión sanitaria, unido a la continua y vertiginosa renovación técnico-científica que aporta nuevas tecnologías médicas cada vez más sofisticadas y costosas, nos deben ubicar en un marco de reflexión en el que admitamos que es la sociedad (como legítima dueña de su opción en salud y de su dispositivo sanitario) la única que debe decidir hasta dónde ese Bien Común debe conservarse, pasando necesariamente por un cambio en sus planteamientos para la utilización de los servicios sanitarios, así como para acceder a las prestaciones que el Estado (y no los responsables políticos) les otorgan y a los que “deben” tener derecho. En la sociología de los servicios públicos esenciales, y ante análisis de coste/eficiencia (no coste/beneficio ni coste/eficacia), se debe hacer referencia a esa tesis de Pareto y sería positivo que nosotros también aceptáramos ese enfoque.
Por el contrario, no podemos ignorar la recurrente pretensión que los gobiernos conservadores occidentales esgrimen para “mercantilizar” el sector sanitario ante la ávida presión financiera internacional, que engolosinada con un sector prometedor, hasta ahora teóricamente monopolizado por el intervencionismo estatal, y dada su peculiaridad como necesidad esencial de la población y por la percepción desenfocada (información asimétrica) que ésta tiene de su Salud, anuncia ser económicamente rentable para la inversión privada.
Los expertos han evidenciado que los sistemas sanitarios públicos son los que mejor respuesta dan a las necesidades de salud del conjunto de la sociedad moderna, e igualmente resulta indiscutible que el modelo español, a pesar de ser reconocido como muy eficaz, arroja aún importantes deficiencias en materia de equidad y de eficiencia.
Cuando se hace balance del gasto sanitario español y se compara con el de otros modelos occidentales, no debemos conformarnos con reconocer que nuestro porcentaje de PIB se está europeizando y por ello aceptar que debamos contenerle, sino que el análisis riguroso nos obligaría a precisar cual era nuestro punto de partida en 1986, qué camino hemos recorrido y, especialmente, qué trecho nos queda aún por recorrer para cumplir los imperativos constitucionales de nuestra Carta Magna. Sólo así sabremos si hemos gastado mucho o si hemos gastado mal, y despejaremos la incógnita de si , ante los recortes en sanidad, la única intención del gobierno y de las CCAA es la de buscar simples políticas de ahorro, o más concretamente cierto “totum revolutum” para, una vez suficientemente deteriorada la sanidad pública, atesorar argumentos que justifiquen medidas privatizadoras que abran la puerta a iniciativas inversoras externas.
En plena crisis global, en un escenario de inquietud por el futuro del edificio del bienestar y de los servicios públicos, y en un marco en el que el tema de la financiación de la sanidad transferida a las distintas CC.AA. supone una vergonzante concesión al contínuo despilfarro de alguna de ellas, no parece fácil que el sistema sanitario público vaya a sobrevivir como modelo, ni que los ciudadanos vayan a recibir la atención sanitaria adecuada y mucho menos pública, equitativa ó gratuita.
Unos políticos que no asumen su obligación de velar por un Bien común y que no valoran el éxito social de un buen sistema sanitario público, junto a algunos ciudadanos que en ciertos casos y por diversas razones intentan abusar de las prestaciones sanitarias, y todo ello unido a un buen número de profesionales sanitarios que no supimos legitimar nuestro trabajo bien hecho (exigiendo calidad, medios, plantillas y adecuadas condiciones de trabajo), todo ello conforma el terreno sobre el que se abona esa crónica anunciada de la sanidad pública cautiva. Una sanidad presa del asfixiante acecho de los voraces liberalizadores del mercado interno, los cuales, deshaciendo cuanto de positivo se ha alcanzado, van a frustrar las esperanzas de optimización de nuestro, muy mejorable, prestigiado modelo sanitario público. Es por ello que a todos nos correspondería recordar aquello de que “quien cierra los ojos es, como mínimo, cómplice de lo que ocurre “.
Resulta evidente cómo las opciones políticas que en los últimos años han dirigido la vida política y social de nuestro país han demostrado una obstinada torpeza en materia de gestión sanitaria, consecuencia del profundo desconocimiento que los distintos responsables políticos poseen respecto a las peculiaridades y características específicas del sector Sanidad, organización compleja, hiperburocrática, piramidal y jerárquica, y sometida a determinantes internos y externos, sociales y económicos.
En consecuencia, y parafraseando una teoría marxiana, deberíamos aspirar “no tanto a intentar arreglar la sanidad, sino a comprenderla previamente...”. Sólo a partir de análisis edificados sobre el certero conocimiento del ámbito sanitario, y de sus diversos y complejos subsistemas, podremos conseguir formulaciones de políticas sanitarias públicas y criterios de macrogestión que culminen procurando mas eficacia pero, y sobre todo, mayor eficiencia en la Sanidad Pública. Claro, que este reto tendría sentido si se tratase de "mejorar" la sanidad pública...y es que a estas alturas ¿alguien aún cree que la actual corriente neoliberal pretende mejorar la sanidad pública?
El necesario debate social y político sobre el futuro del modelo sanitario público de los países desarrollados, debate demandado e inducido por la evidencia de que la tendencia incrementista en los gastos sanitarios debería “reconducirse”, no puede adulterarse con demagogias excesivamente utópicas, pero tampoco con discursos perversamente mercantilistas. Algunos opinan que en su proceso de reforma, iniciado en 1986, la sanidad española ha estado demasiado politizada, y ante esto otros debemos discrepar, pues no se puede concebir una política sanitaria despolitizada en un estado moderno democrático y de Derecho. Otra cosa muy distinta es que ese proceso de reforma, lejos de estar adecuadamente politizado, lo que ha sufrido ha sido una total colonización de intereses perversos (económicos o de poder, particulares o grupales y partidistas), que han usurpado y desplazado los legítimos intereses de la polis. Así, ni es cierto el paradigma de que el gasto sanitario de nuestro país es insoportable, ni tampoco que el coste sanitario no deba reconducirse, adaptarse y/o racionalizarse siempre desde criterios de rigor, porque considerando la Sanidad como un Bien social conquistado, nunca debería cuestionarse en su esencia, ni hipotecarse en su desarrollo.
La progresión demográfica hacia bolsas poblacionales envejecidas, que van a demandar más y mejor inversión sanitaria, unido a la continua y vertiginosa renovación técnico-científica que aporta nuevas tecnologías médicas cada vez más sofisticadas y costosas, nos deben ubicar en un marco de reflexión en el que admitamos que es la sociedad (como legítima dueña de su opción en salud y de su dispositivo sanitario) la única que debe decidir hasta dónde ese Bien Común debe conservarse, pasando necesariamente por un cambio en sus planteamientos para la utilización de los servicios sanitarios, así como para acceder a las prestaciones que el Estado (y no los responsables políticos) les otorgan y a los que “deben” tener derecho. En la sociología de los servicios públicos esenciales, y ante análisis de coste/eficiencia (no coste/beneficio ni coste/eficacia), se debe hacer referencia a esa tesis de Pareto y sería positivo que nosotros también aceptáramos ese enfoque.
Por el contrario, no podemos ignorar la recurrente pretensión que los gobiernos conservadores occidentales esgrimen para “mercantilizar” el sector sanitario ante la ávida presión financiera internacional, que engolosinada con un sector prometedor, hasta ahora teóricamente monopolizado por el intervencionismo estatal, y dada su peculiaridad como necesidad esencial de la población y por la percepción desenfocada (información asimétrica) que ésta tiene de su Salud, anuncia ser económicamente rentable para la inversión privada.
Los expertos han evidenciado que los sistemas sanitarios públicos son los que mejor respuesta dan a las necesidades de salud del conjunto de la sociedad moderna, e igualmente resulta indiscutible que el modelo español, a pesar de ser reconocido como muy eficaz, arroja aún importantes deficiencias en materia de equidad y de eficiencia.
Cuando se hace balance del gasto sanitario español y se compara con el de otros modelos occidentales, no debemos conformarnos con reconocer que nuestro porcentaje de PIB se está europeizando y por ello aceptar que debamos contenerle, sino que el análisis riguroso nos obligaría a precisar cual era nuestro punto de partida en 1986, qué camino hemos recorrido y, especialmente, qué trecho nos queda aún por recorrer para cumplir los imperativos constitucionales de nuestra Carta Magna. Sólo así sabremos si hemos gastado mucho o si hemos gastado mal, y despejaremos la incógnita de si , ante los recortes en sanidad, la única intención del gobierno y de las CCAA es la de buscar simples políticas de ahorro, o más concretamente cierto “totum revolutum” para, una vez suficientemente deteriorada la sanidad pública, atesorar argumentos que justifiquen medidas privatizadoras que abran la puerta a iniciativas inversoras externas.
En plena crisis global, en un escenario de inquietud por el futuro del edificio del bienestar y de los servicios públicos, y en un marco en el que el tema de la financiación de la sanidad transferida a las distintas CC.AA. supone una vergonzante concesión al contínuo despilfarro de alguna de ellas, no parece fácil que el sistema sanitario público vaya a sobrevivir como modelo, ni que los ciudadanos vayan a recibir la atención sanitaria adecuada y mucho menos pública, equitativa ó gratuita.
Unos políticos que no asumen su obligación de velar por un Bien común y que no valoran el éxito social de un buen sistema sanitario público, junto a algunos ciudadanos que en ciertos casos y por diversas razones intentan abusar de las prestaciones sanitarias, y todo ello unido a un buen número de profesionales sanitarios que no supimos legitimar nuestro trabajo bien hecho (exigiendo calidad, medios, plantillas y adecuadas condiciones de trabajo), todo ello conforma el terreno sobre el que se abona esa crónica anunciada de la sanidad pública cautiva. Una sanidad presa del asfixiante acecho de los voraces liberalizadores del mercado interno, los cuales, deshaciendo cuanto de positivo se ha alcanzado, van a frustrar las esperanzas de optimización de nuestro, muy mejorable, prestigiado modelo sanitario público. Es por ello que a todos nos correspondería recordar aquello de que “quien cierra los ojos es, como mínimo, cómplice de lo que ocurre “.
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