miércoles, 24 de junio de 2015

DEMOCRATIZAR LA SANIDAD

La indignación hacia todo lo que rodea la res publica que viene demostrando la sociedad española, especialmente en los dos últimos años, y que se expresó en movilizaciones espontáneas y atomizadas como fueron los movimientos del 15M, del 22M y otros posteriores, no debe ser tenida por temporal ni por coyuntural. Esta indignación visualizada ahora en la última encuesta de Metroscopia, en la que parece comprobarse el anhelo de una parte importante de la sociedad por forjar un escenario político y social más transparente, democratizado, y acorde con los tiempos que unas generaciones que no vivieron la transición desean protagonizar, es la que exige ajustar de una vez por todas sus cuentas pendientes con una banda de corruptos y arribistas a la política, que adulteran el noble ejercicio de la misma.
 La irrupción en el escenario electoral de una fuerza como Podemos no es sino la respuesta del conjunto de la sociedad al expolio que ejerce una generación entera de cínicos y prepotentes representantes de la soberanía popular, encuadrados en los dos grandes partidos, los cuales, en un ejercicio de malabarismo e ingeniería de la levitación, no han sabido entender nada de lo que está ocurriendo en el seno de la sociedad a la que dicen representar.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá a partir de las próximas elecciones generales, y si se reproducirán los resultados que augura esa encuesta ó si, por el contrario, el vértigo ante lo desconocido obrará de urgencia en favor del viejo bipartidismo, pero una cosa parece clara, y es que ya nada será igual. Y es precisamente en ese escenario en el que algo cambiará, por poco que sea, y donde los elegidos futuros gobernantes deberán intentar entender lo que desea la sociedad española del siglo XXI.  
De entre todo el abanico del amplio desideratum cristalizado a partir del cambio de nuevas promesas y esperanzas anunciadas para la población, por parte de las formaciones políticas que concurrirán al proceso electoral, no cabe el ignorar cómo debería afectar ese cambio (leve o radical) a la gestión y oferta de prestaciones asistenciales de los distintos servicios públicos en general, y de la sanidad en particular.
La sociedad española se ha pronunciado, mayoritaria y reiteradas veces, en favor de mantener un sistema de salud público, financiado, gestionado y prestado con recursos públicos, y adecuado a las necesidades de salud de la población y no sometido a las veleidades de criterios economicistas que, casi siempre, se acaban supeditando a la ley de lo rentable en términos monetarios, sin considerar que la salud individual y colectiva debe estar por encima de criterios de naturaleza mercantilista.
Pero más allá de mantener la gratuidad, universalidad, y equidad de este sistema sanitario público, (aspectos éstos por cierto no negociables para el modelo sanitario a reparar tras el deterioro causado por la ley 16/2012), hay otro aspecto de este modelo que se suele obviar y que, en nuestra opinión, es sustancial para el deseable funcionamiento del sistema sanitario, así como para su viabilidad y mantenimiento. Y estamos hablando de la participación de la población, y de la capacidad que debe otorgársele a ésta para que se implique, debata, planifique y elija las prioridades que deben regir para la obtención de la mejor salud colectiva deseable, así como para auditar periódicamente su gestión y la consecución de objetivos. Consiste, para ser más claros, en conseguir democratizar el sector de la salud, acercándolo a sus legítimos dueños que no son otros que los propios ciudadanos y ciudadanas.  Y todo ello en un marco en el que los gerentes y gestores deberán profesionalizar sus decisiones siempre en base a los criterios que la población, con el asesoramiento técnico de los profesionales, decida y consensúe en los foros que al efecto habrá que constituir. La sociedad debe empoderarse y hacerse oir ante las presiones e intereses bastardos que abundan en el sector sanitario, y deberá demostrar su madurez comprometiéndose a participar en el devenir de su sistema sanitario, el cual siempre nos resultará insuficiente (pues los recursos nunca son ilimitados), pero al menos deberá ser coherente con lo que la población, libre e informada, decida.

Así pues, si resulta cierto que nada será igual a partir de las próximas elecciones, lo que parece irrenunciable es que la propia sociedad deba comenzar a trabajar, sin esperar cuatro años para otra convocatoria en urnas (interpretación reduccionista y trivial de lo que debe ser la democracia), para así, día a día, participar, formarse e informarse, debatir y planificar su propio sistema sanitario, su gestión, su financiación, sus objetivos y su provisión. La constitución de un Foro Social Sanitario con verdadera capacidad decisoria en sus distintos niveles asamblearios, es decir, estatal, autonómico, de áreas de salud, municipal, de barrio, etc…es el reto que se nos presenta. Algunas y algunos ya estamos trabajando en ello.

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