Es sabido y demostrable que si los responsables de la administración sanitaria quisieran, y tuvieran el respaldo del poder político, sería perfectamente posible mejorar la gestión de la sanidad pública y hacerla más eficaz, eficiente, sostenible y excelente en términos de calidad.
Y lo podría hacer porque, no nos engañemos, estos responsables de la administración sanitaria tienen perfectamente identificadas las tremendas bolsas de ineficacia que padece el sistema sanitario publico, así como las causas por las que esa ineficacia se produce y mantiene en el tiempo.
Pero es que, como decía nuestro agudo y crítico Francisco de Quevedo, "poderoso señor es don dinero"...y es evidente que la sanidad pública nunca fue bien gestionada porque de su "inevitable" desastrosa gestión viven una incontable lista de intereses particulares de agentes y gentes que "viven" y "ordeñan" sus beneficios a costa de la sanidad pública. La profesionalidad, ó mas bien el "profesionalismo" de la gestión sanitaria, siempre fue una asignatura pendiente en nuestra sanidad pública, y el bipartidismo político reinante en nuestro país siempre apostó por una sanidad gestionada por aficionados, caciques y politiquillos de corto recorrido.
Las bolsas de ineficiencia e ineficacia han sido la tónica general en los casi treina años que cumple ya nuestra sanidad pública, y las causas de esa situación no hay que buscarla en otro lugar que no sea la propia naturaleza de ése desprecio por lo público que los poderes políticos vienen demostrando desde el comienzo de la llamada Transición política, y por la escaso perfil democrático que la propia saciedad española padece desde entonces.
Siempre ha interesado mucho más (o casi exclusivamente) gestionar la sanidad en favor de los intereses bastardos, que en favor de la sociedad civil que la financia, porque de esos "meneos" que algunos le pegan al "arbol frutal" de la sanidad pública, hay muchos que recogen sus frutos del suelo...
Y si esto ha sido así desde el comienzo, allá por el 1986, la ávida y voraz hambruna que expresan los poderes económicos de talante neoliberal, que no se conforman con nada, propicia que, en los últimos años, éstos poderes políticos al servicio de los intereses financieros hayan optado por darle aún otra vuelta de tuerca más a esta "gallina de los huevos de oro" que es el sector sanitario público. Quieren ganar más, y eso pasa por adelgazar el sector público, abrir la puerta al sector privado, o sea privatizándolo, y disponerse así a recoger sus pingües beneficios.
Todo esto viene a propósito de la creación, en el seno de la estructura de la sanidad pública, de las llamadas Unidades de Gestión Clínica, las cuales, bajo el atractivo y progresista disfraz de constituirse en un proceso de "autogestión", esconde la cínica y verdadera pretensión de los poderes financieros de quebrar, fragmentar y deteriorar la integralidad del sistema sanitario público, para hacer de él un mosaico de microempresas que perseguirán el beneficio económico por encima del interés en salud de los ciudadanos y ciudadanas.
El Ministerio de Sanidad y las Administraciones Sanitarias de diferentes CCAA ya están vendiendo las excelencias de este tipo de autogestión mercantilizada y privatizadora, y lo estan haciendo con datos y procedimientos que resultan obviamente insatisfactorios y sin evidencia científica, sin soporte metodológico para justificar esos resultados, con encuestas de contenido desconocido que encierran sesgos tendenciosos en favor de sus tesis, y, en fín, resultados que no tienen ningún crédito. Pero ahí están, éstos políticos vasallos del poder financiero, vendiendo las delicias de sus Unidades de Gestión Clínica,...y es que les va mucho en juego...
Además de las conocidas medidas restrictivas e injustas implantadas por el Gobierno en su RD 16/2012, como son el copago, los recortes en prestaciones, ó la reducción de presupuesto y plantillas de la sanidad pública, con estas nuevas fórmulas de Unidades de Gestión Clínica hay que entender que el propio Gobierno, y la Junta de Castilla y León, pretenden implantar políticas de privatización a medio y largo plazo.
Parece evidente que también la Junta de CyL aspira a crear microempresas dentro de los centros, para competir entre sí en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con fondos públicos, así como establecer alianzas y acuerdos con otras empresas (del mismo o de diferentes centros sanitarios) para desarrollar sus estrategias empresariales. Esto abriría la posibilidad de dar entrada al capital y a los intereses de las muchas empresas del sector (ya sea de los laboratorios farmacéuticos, de la industria electro- medicina sanitaria, o de los ávidos y atentos fondos de capital riesgo) que intervendrán en la provisión y gestión de los servicios sanitarios hasta ahora públicos.
Las consecuencias de estas formas de gestión serán finalmente el desmantelamiento del sistema sanitario, que se fragmentaría en múltiples reinos de taifas con participación del capital privado y grupos empresariales, por lo que es fundamental que los ciudadanos y los profesionales entiendan cuál es el horizonte y la intencionalidad de quienes hoy formulan estas propuestas, aún “light”, pero que solo tienen como objetivo desestructurar el sistema sanitario público y romper su carácter integrador y de colaboración entre profesionales, niveles y servicios.
A muchos de nosotros no nos cabe ninguna duda de que las Unidades de Gestión Clínica serán profundamente negativas para nuestro Servicio Regional de Salud de Castilla y León y, en consecuencia, para las prestaciones que los ciudadanos y ciudadanas esperan recibir de SACyL, en función de sus necesidades sanitarias.
Y lo podría hacer porque, no nos engañemos, estos responsables de la administración sanitaria tienen perfectamente identificadas las tremendas bolsas de ineficacia que padece el sistema sanitario publico, así como las causas por las que esa ineficacia se produce y mantiene en el tiempo.
Pero es que, como decía nuestro agudo y crítico Francisco de Quevedo, "poderoso señor es don dinero"...y es evidente que la sanidad pública nunca fue bien gestionada porque de su "inevitable" desastrosa gestión viven una incontable lista de intereses particulares de agentes y gentes que "viven" y "ordeñan" sus beneficios a costa de la sanidad pública. La profesionalidad, ó mas bien el "profesionalismo" de la gestión sanitaria, siempre fue una asignatura pendiente en nuestra sanidad pública, y el bipartidismo político reinante en nuestro país siempre apostó por una sanidad gestionada por aficionados, caciques y politiquillos de corto recorrido.
Las bolsas de ineficiencia e ineficacia han sido la tónica general en los casi treina años que cumple ya nuestra sanidad pública, y las causas de esa situación no hay que buscarla en otro lugar que no sea la propia naturaleza de ése desprecio por lo público que los poderes políticos vienen demostrando desde el comienzo de la llamada Transición política, y por la escaso perfil democrático que la propia saciedad española padece desde entonces.
Siempre ha interesado mucho más (o casi exclusivamente) gestionar la sanidad en favor de los intereses bastardos, que en favor de la sociedad civil que la financia, porque de esos "meneos" que algunos le pegan al "arbol frutal" de la sanidad pública, hay muchos que recogen sus frutos del suelo...
Y si esto ha sido así desde el comienzo, allá por el 1986, la ávida y voraz hambruna que expresan los poderes económicos de talante neoliberal, que no se conforman con nada, propicia que, en los últimos años, éstos poderes políticos al servicio de los intereses financieros hayan optado por darle aún otra vuelta de tuerca más a esta "gallina de los huevos de oro" que es el sector sanitario público. Quieren ganar más, y eso pasa por adelgazar el sector público, abrir la puerta al sector privado, o sea privatizándolo, y disponerse así a recoger sus pingües beneficios.
Todo esto viene a propósito de la creación, en el seno de la estructura de la sanidad pública, de las llamadas Unidades de Gestión Clínica, las cuales, bajo el atractivo y progresista disfraz de constituirse en un proceso de "autogestión", esconde la cínica y verdadera pretensión de los poderes financieros de quebrar, fragmentar y deteriorar la integralidad del sistema sanitario público, para hacer de él un mosaico de microempresas que perseguirán el beneficio económico por encima del interés en salud de los ciudadanos y ciudadanas.
El Ministerio de Sanidad y las Administraciones Sanitarias de diferentes CCAA ya están vendiendo las excelencias de este tipo de autogestión mercantilizada y privatizadora, y lo estan haciendo con datos y procedimientos que resultan obviamente insatisfactorios y sin evidencia científica, sin soporte metodológico para justificar esos resultados, con encuestas de contenido desconocido que encierran sesgos tendenciosos en favor de sus tesis, y, en fín, resultados que no tienen ningún crédito. Pero ahí están, éstos políticos vasallos del poder financiero, vendiendo las delicias de sus Unidades de Gestión Clínica,...y es que les va mucho en juego...
Además de las conocidas medidas restrictivas e injustas implantadas por el Gobierno en su RD 16/2012, como son el copago, los recortes en prestaciones, ó la reducción de presupuesto y plantillas de la sanidad pública, con estas nuevas fórmulas de Unidades de Gestión Clínica hay que entender que el propio Gobierno, y la Junta de Castilla y León, pretenden implantar políticas de privatización a medio y largo plazo.
Parece evidente que también la Junta de CyL aspira a crear microempresas dentro de los centros, para competir entre sí en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con fondos públicos, así como establecer alianzas y acuerdos con otras empresas (del mismo o de diferentes centros sanitarios) para desarrollar sus estrategias empresariales. Esto abriría la posibilidad de dar entrada al capital y a los intereses de las muchas empresas del sector (ya sea de los laboratorios farmacéuticos, de la industria electro- medicina sanitaria, o de los ávidos y atentos fondos de capital riesgo) que intervendrán en la provisión y gestión de los servicios sanitarios hasta ahora públicos.
Las consecuencias de estas formas de gestión serán finalmente el desmantelamiento del sistema sanitario, que se fragmentaría en múltiples reinos de taifas con participación del capital privado y grupos empresariales, por lo que es fundamental que los ciudadanos y los profesionales entiendan cuál es el horizonte y la intencionalidad de quienes hoy formulan estas propuestas, aún “light”, pero que solo tienen como objetivo desestructurar el sistema sanitario público y romper su carácter integrador y de colaboración entre profesionales, niveles y servicios.
A muchos de nosotros no nos cabe ninguna duda de que las Unidades de Gestión Clínica serán profundamente negativas para nuestro Servicio Regional de Salud de Castilla y León y, en consecuencia, para las prestaciones que los ciudadanos y ciudadanas esperan recibir de SACyL, en función de sus necesidades sanitarias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario