....Reivindicando el espacio SocioSanitario (2)

....Quien actualmente ejerza en el ámbito de la atención primaria en España sabe que su consulta se está viendo salpicada de motivos de consulta que tienen cada día menos que ver con aspectos estrictamente biológicos y/o infecciosos (excepción hecha de los problemas crónicos degenerativos), y que por el contrario se observan multitud de desórdenes psicosociales que tienen su origen en situaciones críticas, o al menos alarmantes, en materia social, económica y laboral. Así, y por mencionar algunos exponentes de lo que intentamos expresar podríamos aludir a la situación en la que está quedando toda la población inmigrante de los que muchos de ellos se han quedado sin derecho a la asistencia sanitaria, ó el dramático escenario en el que deben jugar la creciente multitud de personas que están quedando en desempleo con o sin subsidio, ó los recortes en la atención a los dependientes ancianos que deben retornan a la soledad e inaccesibilidad de sus inadecuados domicilios, ó el impacto que la crisis está provocando en las mujeres en tanto eje y elemento fundamental que tradicionalmente han jugado éstas en su mal entendido rol “natural” de cuidadora, ó la demora en las posibilidades gnésicas de muchas parejas jóvenes hoy sin futuro esperanzador a medio plazo, ó el caos que provoca la amenaza y realidad de los desahucios, ó la incertidumbre ante el futuro de los que aún conservan su empleo, ó, en fín, la precariedad de muchos empleos en materia de condiciones de trabajo, horarios, medios, seguridad laboral, etc, situaciones toda ellas que provocan alteraciones adaptativas de naturaleza muy severa y para las que el modelo biomédico en vigor que desempeñamos hoy día no parece tener ninguna respuesta coherente.

      Todo este escenario debe obligarnos a que, sin abandonar otros retos ya conocidos y percibidos a diario, debamos girar gran parte de nuestra atención profesional hacia los problemas de salud que vienen directamente condicionados por un entorno social hostil, y que resulta asfixiante para las clases medias y para las más desfavorecidas, como son los estratos medio-bajos o con dificultades, así como para los colectivos más vulnerables como son, sin duda, los jóvenes, los ancianos y las mujeres, alcanzando incluso tintes dramáticos para quienes ya desde los últimos años venían sobreviviendo sin recursos ó con muy escasa disponibilidad de ellos.
      

      Todo el componente de atención sociosanitaria ha sido escasamente merecedora de atención por parte de las administraciones. No sólo se aprecia tal tendencia en los argumentos antes expuestos y expresados por la ausencia de contenidos sociosanitarios en la formación pre y post-grado de los profesionales de la salud, sino que, posteriormente, esa desidia de los responsables de las políticas de salud se confirma en cómo se ignoran y solapan estos aspectos en las carteras de servicios que se negocian y que conforman el contrato-programa que anualmente suscriben las Gerencias de Atención Primaria con los dispositivos proveedores de servicios, es decir con los EAP (Equipos de Atención Primaria). No se conoce ninguna CCAA donde en las carteras de servicios de sus EAP se encuentre incentivada ninguna actividad sociosanitaria, ni tampoco la necesaria colaboración entre el personal sanitario y el de los servicios sociales ante las múltiples situaciones que cotidianamente lo demandan, y que surgen, además, en un ámbito de la población que les es común a ambas disciplinas asistenciales, como por ejemplo las ya delimitadas Zonas Básicas de Salud.
     De hecho, y al amparo de aspiraciones orientadas a la corresponsabilidad de los profesionales proveedores de la atención sanitaria con respecto al gasto del sistema y su necesaria y dura contención (no hablamos de racionalización), el sector profesional sanitario parece haberse convertido más en una suerte de departamentos o negociados burocratizados, fríos e hiperadministrativizados, cuyo único objetivo parece ser el tener que cooperar de forma cómplice con las medidas restrictivas del ámbito de la gestión, y que tienden inexorablemente a servir de pretexto para legitimar la limitación de recursos y de personal y, la inmensa mayoría de las veces, ajenas al verdadero papel que deben desarrollar los profesionales sanitarios.

     Cuando en alguna de las CCAA se han promulgado normas legislativas que diseñan la colaboración entre el sector sanitario y el de los servicios sociales, como es el caso concreto (y mejor conocido por nosotros) de la Coordinación Sanitaria en Castilla y León por medio del Decreto 16/98 de 29 de enero, ésta coordinación sociosanitaria se define como el agente facilitador de la conexión entre los sistemas de salud y de servicios sociales,  sin necesidad, eso sí queda muy explícito, de que esa coordinación pueda suponer el configurar una nueva estructura asistencial ó el robar espacios de intervención a uno u otro sistema. En este diseño se parte de la idea básica de que los sistemas de salud y sociales deben cumplir el papel que legitima su existencia en la prestación de servicios a los/as ciudadanos/as, articulando esa colaboración entre ambos sectores como respuesta a la necesidad de abordar determinados problemas de los ciudadanos/as de forma interdisciplinar, y cuya cobertura exige la intervención integrada de los servicios sanitarios y sociales.
Las necesidades que se identifican como merecedoras de esa atención sociosanitaria se expresan como áreas específicas de intervención, y se pueden clasificar en cinco grandes bloques: los ancianos, los menores desasistidos, las personas de cualquier edad con discapacidades, las personas con problemas derivados de la drogodependencia, y por último, aquellas personas en situación de riesgo o de exclusión social.
                                                                                     (Continúa)
              (Fuente.- Alberto del Pozo Robles // Artículo publicado en la revista "Cuaderno de Políticas de Salud")