Coincidiendo con la visión facilitada por la CGT, sí parece que con el conflicto de los controladores esté en juego el empleo y el futuro laboral de todos los trabajadores de Aena.
No se trata pues de una reivindicación salarial, sino de una provocación del Ministro para encubrir, detrás del conflicto con los controladores, la venta de Aena a empresa amigas y a precio de amigo.
Parece que el gobierno sigue pretendiendo arrodilladar a todo el pueblo ante los intereses y las presiones de los mercados, de los banqueros, de los empresarios, etc, y su última decisión de privatizar Aena a través de Real Decreto Ley, así como imponer por Decreto Ley condiciones laborales ilegales al colectivo de control (en contra del derecho a la negociación colectiva y del propio estatuto de trabajadores), fue lo que desencadenó el cierre del espacio aéreo.
Ahora, una vez más, el sr. Blanco está intentando solapar el expolio que supone el regalo a manos amigas privadas de los aeropuertos españoles, echando la culpa a un colectivo con el que no ha querido negociar, y al que se le han impuesto por decreto unas jornadas que a la postre se han demostrado insuficientes para cubrir las necesidades de cobertura real de los puestos de trabajo, pues no podemos obviar que, independientemente del conflicto suscitado, el control aéreo se hubiera paralizado igualmente al superar los controladores en diciembre la jornada establecida en el Decreto de Blanco.
La privatización de Aena supondrá la subrogación de los empleados a una Sociedad Anónima, perdiendo la condición de empleado público y la garantía en el empleo. Se dará entrada a criterios de beneficio puro y duro empresarial, en contra de los criterios actuales de seguridad, calidad del servicio y defensa del pasajero. Eso es lo que está detrás de todo este proceso, y no la defensa de reivindicaciones salariales privilegiadas.
Aena es una empresa pública con más de 12.000 trabajadores, entre los cuales se encuentran los colectivos de apoyo a pasajeros y compañías, personal de mantenimiento, señaleros, bomberos, personal de operaciones y gestión aeroportuaria, administrativos, médicos y ats aeroportuarios y titulados universitarios entre otros, y que representan el 80% del personal de Aena, y todos parecen estar de acuerdo con la postura de los controladores.
El máximo responsable de esta crisis parece ser el Ministro de Fomento, quien ha decidido legislar a golpe de decreto, hurtando el debate sosegado del Parlamento, y sometiéndose al dictado de los mercados de capitales y de las grandes empresas que se quieren repartir el pastel de Aena, decisión que ni siquiera se ha tomado en el ámbito de este país. Aena es una empresa pública, muy rentable y productiva, que no le cuesta un duro al ciudadano, y que resulta muy apetecible para las grandes constructoras, las cuales han presionado para conseguir una regulación adecuada a sus intereses.
La responsabilidad es del gobierno que actúa para privatizar otra empresa pública y dárselo a las empresas de su entorno, a verdadero precio de amigo.
Somos ya muchos los que condenamos que se haya llegado a esta situación, y nos solidarizamos profundamente con los ciudadanos de este país que han sufrido en sus propias carnes la incompetencia del gobierno actual y de los anteriores, y debe animarse a todos los afectados a materializar reclamaciones en los formatos oficiales de Aena.
Pero ante el evidente linchamiento mediático del colectivo de trabajadores de control, convendría dejar claro que el primer responsable de la situación parece ser el gobierno, que ha provocado al colectivo de controladores, imponiendo mediante Decreto condiciones laborales absolutamente irresponsables, desactivando su derecho a la huelga en situaciones anteriores (con la designación de servicios mínimos abusivos) y con el fin de encubrir, mediante el acoso y derribo de los controladores, su propia ineficiencia en los cómputos de jornada, así como pretender la privatización de Aena y el conflicto laboral que se avecina por la subrogación de los empleados públicos de Aena a empresas privadas.
Por último, debe invitarse a la cordura, para que desde el Ministerio se evite la tentativa de convertir la investigación del conflicto en una versión del antiguo Tribunal de Orden Público, optando en cambio por abrir un diálogo social sobre este sector fundamental, y en definitiva, a que dejen de solaparse problemas estructurales provocados por la voracidad del mercado neoliberal, a través de buscar una cabeza de turco al que demonizar mediáticamente ante una sociedad mal informada, como así está ocurriendo.
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