....Estamos observando, por ejemplo, cómo en los últimos meses se recortan las “Prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar” y cómo se deja de financiar las cuotas de la seguridad social de las/os cuidadores familiares (de los que el 94% son mujeres). Paralelamente se están reduciendo el número de horas del “Servicio de Ayuda a Domicilio” entre 10 y 20 horas al mes, lo que está suponiendo una disminución de la “intensidad” y calidad de la asistencia a estas personas, y la pérdida de puestos de trabajo cualificado. Además, se aprueba legislativamente el incremento de las aportaciones que tienen que hacer muchas de las personas dependientes, aumentando para ellos el ya injusto copago recientemente decretado.
Todas estas medidas suponen, a mayores, un retroceso de las mujeres al papel más tradicional que se les asignó socialmente en épocas aún recientes, pues sobre ellas volverá a recaer el cuidado de las personas dependientes, con independencia de que dichas medidas también reducen al mínimo un sector laboral que estaba dando empleo y dinamizando las zonas rurales, empujando a las personas dependientes de estas áreas geográficas a abandonar sus lugares de residencia familiar y de toda la vida.
En concreto, en Castilla y León, los servicios de “teleasistencia”, hasta ahora gestionados por la Federación de Municipios y Provincias y depositados en organizaciones como Cruz Roja, tendrán que limitarse y reducirse notoriamente, habida cuenta de las dificultades económicas de ésta organización; los servicios de “ayuda a domicilio” están siendo recortados desde las 90 horas que se atendía a un anciano dependiente hasta las 70 actuales, desconociendo quién y cómo se le atenderá el resto de las horas; en cuanto a los “Centros de Día y Atención Residencial”, éstos han sufrido un parón en sus altas o ingresos, por cuanto los de titularidad pública casi no existían y los concertados están sobreocupados; y la “asistencia personal y los cuidados familiares” van a ser drásticamente reducidos en la práctica, pues al rescindir el pago de las cuotas de la seguridad social de los/as cuidadores, en muchos casos estas cuotas no podrá financiarse y los dependientes quedarán en riesgo de soledad y desatención en sus cuidados más básicos.
Todo ello coincide con la aparición de nuevas empresas y de centros privados para cubrir estas necesidades (así como de otros centros antes públicos pero ya “externalizados”), con los que los dependientes afectados (o sus familias), y siempre que su disponibilidad económica así se lo permita, deberán contratar servicios que hasta ahora eran provistos por el Estado, las Diputaciones o las CCAA. Va a ser cierto aquello de que “se acabó el café gratis para todos”, y lo verdaderamente dramático es que ese “café gratis” les será retirado a quienes por su situación de vulnerabilidad más lo necesitan, y a los que, coincide, se encuentran “sin voz” ante las administraciones públicas y su ineludible responsabilidad política, ética y moral. Y todo esto sin entrar al debate de quiénes, o qué organizaciones, se encuentran detrás de esas nuevas empresas privadas creadas al efecto, y que conforman parte de su capital social o de sus consejos de administración.
Pero, no obstante, y superando la tentación de abordar la reflexión y el análisis político que no nos corresponde hacer aquí, sí es fundamental que hagamos un ejercicio de responsabilidad profesional porque es ahí, precisamente ahí, en procurar visualizar esas necesidades y en su identificación, diagnóstico, valoración, denuncia y provisión de cuidados, donde es hoy tan importante el papel de los profesionales sanitarios en su “nueva” (ministra, dixit) vertiente sociosanitaria, vertiente que sin embargo siempre existió, al menos desde la época de Rudolf Virchow, pero que al parecer, y al igual que con todo lo relacionado con la medicina social, muchos se han venido encargando muy aplicadamente y muy exitosamente de que se nos olvidase.
Todas estas medidas suponen, a mayores, un retroceso de las mujeres al papel más tradicional que se les asignó socialmente en épocas aún recientes, pues sobre ellas volverá a recaer el cuidado de las personas dependientes, con independencia de que dichas medidas también reducen al mínimo un sector laboral que estaba dando empleo y dinamizando las zonas rurales, empujando a las personas dependientes de estas áreas geográficas a abandonar sus lugares de residencia familiar y de toda la vida.
En concreto, en Castilla y León, los servicios de “teleasistencia”, hasta ahora gestionados por la Federación de Municipios y Provincias y depositados en organizaciones como Cruz Roja, tendrán que limitarse y reducirse notoriamente, habida cuenta de las dificultades económicas de ésta organización; los servicios de “ayuda a domicilio” están siendo recortados desde las 90 horas que se atendía a un anciano dependiente hasta las 70 actuales, desconociendo quién y cómo se le atenderá el resto de las horas; en cuanto a los “Centros de Día y Atención Residencial”, éstos han sufrido un parón en sus altas o ingresos, por cuanto los de titularidad pública casi no existían y los concertados están sobreocupados; y la “asistencia personal y los cuidados familiares” van a ser drásticamente reducidos en la práctica, pues al rescindir el pago de las cuotas de la seguridad social de los/as cuidadores, en muchos casos estas cuotas no podrá financiarse y los dependientes quedarán en riesgo de soledad y desatención en sus cuidados más básicos.
Todo ello coincide con la aparición de nuevas empresas y de centros privados para cubrir estas necesidades (así como de otros centros antes públicos pero ya “externalizados”), con los que los dependientes afectados (o sus familias), y siempre que su disponibilidad económica así se lo permita, deberán contratar servicios que hasta ahora eran provistos por el Estado, las Diputaciones o las CCAA. Va a ser cierto aquello de que “se acabó el café gratis para todos”, y lo verdaderamente dramático es que ese “café gratis” les será retirado a quienes por su situación de vulnerabilidad más lo necesitan, y a los que, coincide, se encuentran “sin voz” ante las administraciones públicas y su ineludible responsabilidad política, ética y moral. Y todo esto sin entrar al debate de quiénes, o qué organizaciones, se encuentran detrás de esas nuevas empresas privadas creadas al efecto, y que conforman parte de su capital social o de sus consejos de administración.
Pero, no obstante, y superando la tentación de abordar la reflexión y el análisis político que no nos corresponde hacer aquí, sí es fundamental que hagamos un ejercicio de responsabilidad profesional porque es ahí, precisamente ahí, en procurar visualizar esas necesidades y en su identificación, diagnóstico, valoración, denuncia y provisión de cuidados, donde es hoy tan importante el papel de los profesionales sanitarios en su “nueva” (ministra, dixit) vertiente sociosanitaria, vertiente que sin embargo siempre existió, al menos desde la época de Rudolf Virchow, pero que al parecer, y al igual que con todo lo relacionado con la medicina social, muchos se han venido encargando muy aplicadamente y muy exitosamente de que se nos olvidase.
Fuente.- Alberto del Pozo (publicado en la revista "Cuaderno de Políticas de Salud")
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