En el texto de la normativa legal, la exposición de motivos es suficientemente clara y defendible desde el punto de vista de la salud integral, y cuando esa legislación (Decreto 74/2000 de 13 de abril) define sus estructuras sociosanitarias, como son las Comisiones de Coordinación Sociosanitaria de ámbito provincial, resulta evidente que estas Comisiones existen para coordinar y armonizar la actuación de los equipos que están más pegados a la calle y a la población, que son los Equipos de Coordinación de Base, los cuales se erigen en la célula activa del trabajo de campo en la intervención sociosanitaria, tanto a la hora de identificar los problemas, como a la de canalizar o abordar las posibles soluciones. Estamos hablando pues, de grupos de trabajo multidisciplinar en el que figuran agentes profesionales del trabajo social pertenecientes a las Diputaciones (CEAS) y al propio sistema sanitario, junto con profesionales sanitarios pertenecientes a los EAP, profesionales sanitarios del ámbito de la salud mental pertenecientes al Área de Salud, y, cómo no, algún responsable de la administración perteneciente al ámbito de la gestión.
Estas estructuras, tanto las provinciales como las de base, se encuentran dirigidas ó coordinadas por un coordinador, y su dependencia orgánica se ubica claramente en el organigrama de las dependencias de la salud y los servicios sociales.
Después de todo lo dicho, resulta más llamativo aún que la administración no insista en la necesidad de impulsar y fomentar el trabajo en estas estructuras, dada la situación crítica que hemos descrito anteriormente, y cuyo perfil dramático en lo social es bien conocido en nuestras consultas diarias de atención primaria.
Si ya antes, éste espacio de colaboración interdisciplinar e interinstitucional era desconocido para la mayoría de los profesionales de la salud, con la inestimable colaboración y desidia de la propia administración sanitaria, hoy día el papel de esta estructura interdisciplinar resulta desgraciadamente aún más desesperanzador, habida cuenta de los recortes y procesos de privatización que están observándose en los últimos meses.
El pasado 12 de noviembre, la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad defendía públicamente el “compromiso pleno” de su departamento con “la integración de las personas con discapacidad y la mejora de su calidad de vida”, recalcando que eso pasa “por que la sanidad y los servicios sociales empiecen a trabajar conjuntamente (sic)”, porque en la mayoría de los casos “su salud y la atención de sus necesidades sociales son interdependientes (sic)”, para lo que recordó que se está llevando a cabo “una intensa agenda de reformas” que culminará en la creación “por primera vez en España de un espacio único sociosanitario (sic)”.
A quienes trabajamos en el ámbito sociosanitario y/ó en el de la atención primaria, nos sonroja y nos llama poderosamente la atención dos incoherencias de la actual ministra. La primera, la de verbalizar en público y ante los medios de comunicación la “innovadora ocurrencia” de su departamento a la hora de crear ese “espacio único por primera vez en España”, como si la ministra ó sus asesores acabasen ahora de “caerse del guindo” en materia sociosanitaria, y disculpen la invitación al chiste fácil; y la segunda incoherencia, y de mayor calado, es la enorme frivolidad que supone el que con estas exhibiciones públicas se generen falsas expectativas para los más vulnerables como son toda la población discapacitada y sus familias, por cuanto, simultáneamente y en estos días, el gobierno al que pertenece la ministra está disponiendo medidas de recortes presupuestario que van a dar al traste con el desarrollo de la propia Ley de Dependencia, la cual, así y paulatinamente, va quedándose día a día sin recursos y sin contenido.
Y es que una de las restricciones más dolorosas desde la óptica sociosanitaria es la que está afectando de manera contundente a la estructura dispuesta legislativamente para atender a la dependencia, es decir el comprobar el proceso de desarticulación y privatización de la propia Ley de Dependencia, y ello, obviamente, por los efectos que estas restricciones están suponiendo para la salud de las personas afectadas y que en ningún caso deberían pasar desapercibidas para todos nosotros en tanto profesionales de la salud.
(Continúa....)
Fuente.- Alberto del Pozo (Publicado en "Cuaderno de Políticas de Salud")
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